Los ayuntamientos asistimos cada día a mayores exigencias derivadas de las múltiples vicisitudes que nos afectan y, entre ellas, cada vez con mayor presencia, está la necesidad de hacer frente a las diversas contingencias legales que nos aquejan. Ningún servidor público puede dejar de afirmar que es imprescindible un buen asesoramiento jurídico para adoptar las decisiones más adecuadas para su municipio y para, asimismo, defender los intereses públicos. Lamentablemente, en los municipios de menor población encontrar un servicio jurídico especializado y de alta calidad se hace complejo por cuestiones puramente económicas y he aquí que una institución se acerca a nosotros para dotarnos de tan elemental servicio: en nuestro caso, la Diputación.

Desde la Alcaldía que presido, en múltiples ocasiones he tenido la necesidad de acudir a dichos servicios jurídicos para resolver las variadas dudas que se me han suscitado e incluso solicitar su atención para nuestra representación en diversos procedimientos judiciales de índole muy heterogénea que demuestra la alta preparación de los miembros que componen el área jurídica de nuestra institución provincial.

Siempre he encontrado una atención exquisita y una prestación inigualable realizada por profesionales del derecho de gran altura y comandados por Rafael Martínez Dueñas, director de los servicios jurídicos de la Diputación, quien, además de poseer un conocimiento jurídico insuperable, acompaña su quehacer con la cercanía del hombre bueno y con la sapiencia de quien se forma día a día en el mundo del Derecho.

Se trata de un servicio jurídico que se presta a cualquier Ayuntamiento, sin importar su color político, con plena objetividad y no sujeto a la doctrina de una determinada formación política; es un servicio aséptico que lo único que le dirige es ayudar a encontrar el mecanismo legal más adecuado para resolver aquellos problemas que a veces nos enturbian.

Así mismo, también es de agradecer el servicio que prestan los servicios jurídicos de la Diputación en lo que concierne al Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja y que todos esperamos que ese buen trabajo siga su curso.

Se hace necesario creer en nuestras instituciones públicas y en el servicio particular de los servicios jurídicos de la Diputación, poner en valor su trabajo, apreciar los profesionales que la integran y estimar el servicio que se presta, en definitiva, a los ciudadanos. Los servicios jurídicos de la Diputación Provincial se han caracterizado siempre por su absoluta ecuanimidad, su integridad y su buen hacer, y no existe razonamiento legal ni práctico alguno que motiven su sustitución.

La política tiene que tender a construir y no a destruir, y quienes se instalan en la destrucción de servicios que solo benefician a los ciudadanos, se quedan en el vacío y en la mediocridad y allí nosotros no queremos estar, porque con tales considerandos solo obtendremos un fatal resultado.

Por ello, a todos aquellos que experimentan con las instituciones, un consejo de este latinajo «Cogita ante dijudicatio» (piensa antes de decidir).