La sección VII de la Audiencia Provincial, con sede en Elche, ha decretado el archivo del denominado «caso de las torturas», pasados nueve años desde que se produjeran los hechos, en junio de 2006. En el procedimiento estaban implicados ocho policías y un exedil por unas supuestas torturas, amenazas y vejaciones a dos detenidos -arrestados cuando asaltaban la casa de un mando de la Policía local-, y un intento posterior de ocultar lo sucedido.
Sin embargo, esos dos arrestados, que fueron los que denunciaron las supuestas torturas, Luis Carlos C.R. y su novia Vilma L., no han comparecido en ninguna de las dos ocasiones en las que el juzgado ha intentado celebrar el juicio oral -mayo de 2014 y enero de 2015, aunque hubo un tercer intento no formalizado con fecha-. En la última ocasión, según indicó el abogado de buena parte de los agentes, José Pedro González, en enero pasado fue el fiscal el que instó a archivar el procedimiento porque la comparecencia de ambos denunciantes era la principal prueba de cargo para mantener la acusación.
La fórmula de archivo, que no llega a exculpar formalmente a los denunciados, ha sido forzada por las especiales circunstancias del procedimiento.
Las defensas podían haber optado por impulsar la celebración del juicio en ausencia de los denunciantes y buscar una absolución casi garantizada pero han optado por respetar el criterio de la Fiscalía. También salvan de esta forma la pena de banquillo y la exposición mediática que hubiera supuesto la celebración del juicio. Una vista que, además, requería la concurrencia de una treintena de citados, entre peritos, y testigos -sobre todo algunos policías para los que ya se había sobreseído la causa-.
El juzgado ha intentado averiguar el paradero de ambos denunciantes en España. Desde el punto de vista legal no se podía instar una requisitoria puesto que se trata de denunciantes y no acusados de un delito. El último indicio verosímil sobre la localización del denunciante era una cárcel de Singapur, donde cumplía pena por tráfico de drogas.
Estallido
La primera fecha designada para el juicio fue la primera semana de mayo de 2014 y se suspendió al no poder localizar a los denunciantes. Se señaló de nuevo para nueve meses después, enero de 2015, pero fue aplazado por la misma situación, incomparecencia de los denunciantes. Antes de que el Ministerio Público desistiera de sacar adelante el juicio mantenía en su escrito de acusación penas de cárcel que sumaban 24 años para cinco agentes por agresiones, insultos, vejaciones y amenazas, además de penas de inhabilitación para otros tres agentes por un delito de omisión de perseguir el delito, y del entonces concejal de Policía del Ayuntamiento de Torrevieja.
El estallido de este caso en pleno mes de agosto de 2006 provocó una convulsión en el seno de la Policía Local de la que no se ha podido recuperar casi una década después -uno de los denunciados era en ese momento el Jefe de la Policía y ahora segundo en la escala de mandos-. La investigación enrareció - durante años- las relaciones entre la Policía local y la Guardia Civil, que fue la que investigó la denuncia y propició que se intervinieran los teléfonos móviles de los agentes.
