El fiscal Anticorrupción, Pablo Romero, ha solicitado la apertura de juicio oral contra Raúl Valerio Medina (PSOE), exalcalde de Bigastro, a quien le imputa un delito de falsedad y otro de prevaricación por los que solicita cinco años de prisión y diez de inhabilitación para cargo público, respectivamente. Los hechos también se le imputan a una edil de su equipo de gobierno, María del Carmen Alonso. El Ministerio Público los considera responsable de que 27 vecinos del municipio se vieran beneficiados en la rebaja o exención de dos impuestos, el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) y el IVTM (Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica), en 2009 y 2010, cuando se hizo cargo del Ayuntamiento tras el arresto y posterior dimisión de José Joaquín Moya. Los 27 vecinos aparecen en las diligencias como responsables civiles y se solicita que cada uno de ellos abone la cuantía que en su día no pagó por decisión del entonces regidor. En total, la cantidad supuestamente defraudada al erario público ascendería a 23.655,4 euros. Raúl Valerio Medina siempre ha declarado, tanto en este asunto como en otros en los que igualmente está imputado por su gestión al frente del Ayuntamiento de Bigastro, que es inocente; a pesar de ello, finalmente no se presentó a candidato socialista en los comicios de mayo después de pasar el anterior mandato, 2011-2015, como portavoz de la oposición.
En su relato de hechos, el fiscal considera que el acusado remitió a Suma Gestión Tributaria -el organismo encargado de la recaudación de los impuestos en Bigastro- once oficios con «el logotipo y restos de caracteres externos propios de los documentos oficiales» entre el 30 de septiembre de 2009 y el 10 de junio de 2010 en los que siempre empleaba la fórmula: «Por el presente le ruego compense los siguientes recibos por importe principal y el recargo que se haya producir por existir una deuda por parte de este Ayuntamiento». Según el Ministerio Público, «era consciente de la palmaria ilegalidad que estos consagraban (los oficios), además de saber que estaban faltando voluntariamente a la verdad al solicitar la realización de las compensaciones aludidas puesto que ninguna de las personas que se relacionaban en los mismos, supuestos titulares de un derecho de cobro frente al Ayuntamiento, cuyo importe era el que se compensaba, tenían obligación reconocida pendiente de pago con el Ayuntamiento, por lo que no constaba que fuesen acreedores de ningún concepto del consistorio».
Expedientes
El escrito del fiscal recuerda que el acusado, «nunca llegó a tramitar expediente alguno sobre las citadas compensaciones». Y hace un relato de los 27 beneficiarios, que se producen, en algunos casos, con cantidades muy pequeñas y en otras que coinciden con el impuesto que tenía que recibir. Los contribuyentes, según el escrito de acusación, tendrían que haber abonado 43.231,73 euros y, en realidad, ingresaron algo más de 20.000. Además, Suma, que cobra un 4% por su gestión, también perdió la cantidad que le habría correspondido y que se eleva a algo más de 1.700 euros.
El fiscal realiza una segunda consideración de los hechos para el caso de que el magistrado que tiene que acordar la apertura de juicio oral no considerara que estos hechos están probados con este relato y plantea una alternativa. En esta segunda sólo acusa al exalcalde del delito de falsedad por el que solicita una pena de doce meses de multa. Para este caso considera que el acusado no era consciente de la ilegalidad que estaba cometiendo, aunque debió comprobar que los ciudadanos eran acreedores de esas deudas que exigían al Ayuntamiento.
