El alcalde de San Fulgencio, Carlos Ramírez (Partido Popular), llevará al juez como prueba de su inocencia en la investigación por las ayudas que recibió durante cuatro años el Sporting un contrato que el Ayuntamiento suscribió entre 1999 y 2003 con, entre otros, Antonio Irles, por 350 euros al mes. Y él entiende que es lo mismo por lo que a él, doce años más tarde, ha terminado con una imputación en los juzgados de Orihuela por un supuesto delito de prevaricación administrativa, tal y como publicó INFORMACIÓN INFORMACIÓN el pasado martes.
El regidor insistió en que Antonio Irles, actual secretario general del Partido Popular de San Fulgencio y beneficiario de la ayuda a través de la entidad deportiva (que asciende a 190.000 euros en los cuatro últimos años), es la misma persona que casi tres lustros antes recibía pagos cuando el municipio estaba dirigido por los socialistas. Es decir, si antes no había delito entiende que no lo hay ahora tampoco.
Carlos Ramírez recordó que, independientemente de la dura acusación del fiscal, hay que recordar que los informes de los técnicos han sido siempre favorables, «el secretario nunca nos advirtió de que pudiera tratarse de una ilegalidad; y la interventora ha sido siempre clara y contundente con este asunto. Hasta el último céntimo está justificado y certificado», concluye.
Otras fuentes explicaron que la tesis de Ramírez es cierta, «el fiscal se confunde, no son contratos, son convenios de subvención, están justificados y fiscalizados por la intervención del Ayuntamiento y enviados a Sindicatura de Cuentas, al Tribunal de Cuentas y al Ministerio de Hacienda». En cualquier caso, la última palabra, como siempre, la tendrá el juez que tiene que decidir si abre juicio oral al regidor tal y como plantea el Ministerio Público.
