La Confederación Hidrográfica de Segura (CHS) ha exigido la ejecución de la resolución judicial de octubre de 2014 que obliga al Ayuntamiento a dejar utilizar agua de la estación depuradora para regar parques y jardines y baldear calles. Algo que el municipio hace sin concesión del organismo de Cuenca. En total, 250.000 metros cúbicos de ese agua, aunque la empresa de gestión cita 273.000 metros cúbicos. Fue el propio Ayuntamiento ayer el que anunció la imposición de esta medida y también el que ha anunciado la apertura de un proceso de negociación con la CHS para resolver la situación. El alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes) también ha admitido que si el municipio no cumple se podría ordenar la «clausura de la toma de agua». Dolón se ha dado de bruces así con la petición de la CHS, ya como alcalde, cuando su denuncia sobre el uso irregular de estos caudales sin concesión fue uno de sus argumentos más reiterados en la oposición contra el gobierno del PP durante dos décadas.

El origen del problema está en que toda el agua depurada que produce la estación de Torrevieja está adjudicada directamente a la Comunidad de Regantes Torremiguel y a la Comunidad de Regantes de San Miguel de Salinas. Tienen asignados más de 7 hectómetros de agua reciclada al año. Un cálculo realizado en función de la capacidad de la depuradora antes de la crisis porque la instalación no genera ahora ni 6,5 hectómetros anuales. Es decir, hay más volumen de agua concedido a los agricultores y riego de campos de golf de la Vega del que es capaz de generar la depuradora.

Sin embargo, es la Comunidad de Regantes de Torremiguel la que de forma extraoficial y no regulada cede todos los años y desde hace más de dos décadas el agua que necesita el municipio para ese uso. De hecho, la empresa mixta de gestión de aguas Agamed, sin que mediara un acuerdo legal que le garantizara ese agua, ha construido una red de distribución hasta los principales parques y jardines de la ciudad de 60 kilómetros.

Comunero

La solución que quiere negociar el Ayuntamiento pasa por convertirse en comunero de una de esas dos entidades de gestión que tienen concedidas las aguas. José Manuel Dolón explicó ayer que el problema se arrastra desde el momento en el que el Ayuntamiento no reclamó esos aportes cuando se construyó la depuradora o cuando se amplió la década pasada.

Torremiguel accedió a la tramitación de la concesión y a la gestión de las aguas residuales en los 90 cuando el municipio no las quería, ni tenía recursos para asumirlas, e invirtió en infraestructuras de bombeo, depósito y bombeo.