El Ayuntamiento de San Miguel de Salinas y la Generalitat Valenciana «han perdido» contra una asociación de vecinos y un grupo ecologista un procedimiento judicial que anula el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que preveía la construcción de hasta 40.000 viviendas en un municipio de menos de 8.000 habitantes. La resolución del Tribunal Supremo (TS) que ayer hizo público este colectivo, y que viene a ratificar la que hace dos años dictó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en los mismos términos, coloca al equipo de gobierno del Partido Popular, que dirigía y sigue dirigiendo San Miguel de Salinas, en una difícil situación; de hecho desde este colectivo se pedían ayer dimisiones.
El Ayuntamiento y la Generalitat recurrieron ante el Alto Tribunal en casación contra la sentencia de 2013 del TSJ que anuló un acuerdo de octubre de 2008 de la Dirección General de Territorio por el cual se aprobó definitivamente el PGOU.
El recurso se presentó por la Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel y por Amigos de Sierra Escalona (ASE) y se basaba en que la aprobación se realizó sin evaluación ambiental estratégica, recordaba ayer Manuel Gómez, portavoz del colectivo vecinal. Este informe era preceptivo según recoge una directiva comunitaria desde 2001 sobre protección del medio ambiente.
Carrera
La larga carrera en los tribunales contra este proyecto se produce, principalmente, por el tinte ecologista tanto de ASE como de la Asociación de Vecinos y por la proximidad del paraje natural de Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor, que está pendiente desde hace nueve años -cuando el Consell lo anunció- de su declaración como parque natural de la Comunidad Valenciana. «El plan urbanístico ahora derogado es fruto de la prepotencia y absoluto desprecio a la participación ciudadana por parte del gobierno municipal en la elaboración de un documento de una importancia crucial para el municipio, habiéndose negado a reunirse con los representantes de los colectivos sociales del municipio», recuerda Gómez. Ante esta situación ayer se consideraban con fuerza suficiente para pedir la dimisión del edil de Urbanismo.
