«No sabía lo que firmaba», «no leí el contrato», «para eso tenía un asesor jurídico». La excusa no le ha servido a la que fuera alcaldesa de Orihuela entre 2007 y 2011, Mónica Lorente, ni tampoco al que fue su concejal de Infraestructuras, Antonio Rodríguez Murcia, y ambos han sido condenados a nueve meses de suspensión de cargo público y a una multa de 2.700 euros por un delito de falsedad documental cometido por autoridad o funcionario público por imprudencia grave en el conocido como «caso Escorratel». Es decir, por firmar el contrato de la reforma de una plaza después de que se hubiera ejecutado.
La sentencia, notificada ayer por el Juzgado de lo Penal 3 de Orihuela y que es recurrible en apelación, reprueba a Lorente y a Rodríguez Murcia su falta de diligencia en el desempeño de las funciones propias de sus cargos y que no adoptaran «las medidas cautelares más elementales», a pesar de que en el juicio celebrado el pasado 22 de octubre ellos se escudaran en los técnicos y en que nadie les advirtió de que lo que estaban firmando no tenía sentido alguno porque la obra ya estaba acabada y ellos mismos habían cortado la cinta.
Las fechas claves del procedimiento de contratación han quedado claras en el juicio y fueron admitidas por los dos acusados. Esencialmente, el 28 de diciembre de 2007 se aprobó en Junta de Gobierno que el concejal invitara a tres empresas a presentar propuestas para una reforma de 34.000 euros. Una de ellas, con un presupuesto un céntimo más barato, comenzó a trabajar sin que se hubiera firmado un acta de replanteo y sin supervisión por parte del Ayuntamiento. La empresa era Roni's 2, propiedad de Roberto Pertegal (cuñado de otra edil popular, Pepa Ferrando y candidato en la lista electoral que encabezó Lorente en 2007). El 3 de julio de 2008 la alcaldesa y el concejal presidieron la inauguración de la reforma de la plaza y seis días después comenzaron a entrar en el registro del Ayuntamiento las primeras facturas, pero no fue hasta el 25 de julio cuando la Junta de Gobierno decidió adjudicar las obras y aún tuvo que transcurrir hasta el 26 de septiembre para que Lorente firmara el contrato.
Desvinculados
De aquello se desvincularon ambos en el juicio, el primero diciendo que sí, que estuvo en la Junta de Gobierno y votó, pero que no sabía lo que firmaba, que no leyó, y que nadie le dijo «que faltara un papel». La regidora, por su parte dijo a la juez que firmaba hasta 400 documentos al día y que no estaba entre sus funciones revisarlos, que lo hacía sin leer y que una obra de 34.000 euros era un contrato menor. La sentencia, sin embargo, expone que la mera lectura del contrato habría servido para evitarla falsificación y que la imprudencia no depende de que se haga de forma consciente o inconsciente, incluso que en el segundo caso aún refleja mayor «grado de despreocupación y ligereza». El fallo también expone la dejadez que imperaba en el Ayuntamiento, porque ni los técnicos, ni el secretario, ni el asesor jurídico admiten haberse dado cuenta de nada.
El procedimiento judicial surge de una denuncia de Los Verdes interpuesta en 2010 y supone la primera mancha judicial en el expediente de una expolítica que ejerció cargos públicos durante 20 años, también como diputada autonómica, vicepresidenta de la Diputación de Alicante o secretaria provincial del PP. La suspensión para el cargo, sin embargo, llega en un momento en que en la práctica no supone nada puesto que tanto Lorente como Rodríguez Murcia están apartados de la política, eso sí, a la espera de que acabe la instrucción del caso Brugal, que entre otras cosas analiza la adjudicación del contrato de las basuras durante su mandato.
