El alcalde de Benferri, el socialista Luis Vicente Mateo, restó ayer importancia a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que ha declarado nula una modificación del planeamiento urbanístico que sirvió para regularizar la situación de siete chalés levantados sobre zonas verdes con licencia municipal. Según el regidor, la aprobación de dicho cambio recibió el aval de la Generalitat, pero como ahora el tribunal lo ha invalidado, se harán modificaciones en el Plan General que se está diseñando para ordenar la situación.

El regidor se mostró ayer tranquilo por todo este caso a pesar que son dos los tribunales que han sentenciado que se cometió un fraude de ley tanto en la expedición de las licencias de obra para construir sobre zona verde como en el cambio en materia de planeamiento urbanístico aprobado años después -cuando las casas ya estaban habitadas- para tratar de regularizarlas. Algo que según ambas sentencias sólo promovía beneficiar los intereses del constructor, perjudicando así el interés general.

«Según los abogados podemos hacer una nueva modificación del planeamiento para subsanarlo y regular las zonas verdes», expresó el primer edil. El mismo recordó que el Urbanismo de Benferri está regulado mediante Normas Subsidiarias porque no existe un Plan General de Ordenación Urbana en vigor, y eso es algo que se quiere aprobar. «Se está iniciando ahora, se presentó un avance hace cuatro o cinco años, pero se sigue trabajando en ello», prosiguió el socialista, quien declaró igualmente que es consciente de que la tramitación de un Plan General es «lenta».

En la sentencia del TSJ, contra la que ya no cabe recurso, se estimó que las razones dadas por el Ayuntamiento para justificar ese cambio de espacio reservado a zonas verdes «no tiene ninguna credibilidad cuando la modificación se llevó a cabo después de que el espacio dedicado a zonas verdes se edificara, vulnerando las normas urbanísticas vigentes y además con licencia del consistorio».

Por su parte, el denunciante que llevó todo este caso al juzgado asegura que pedirá al TSJ la ejecución de sentencia para que los siete chalés construidos sean demolidos y restaurar la legalidad. En ese caso sería el Ayuntamiento quien tendría que afrontar una millonaria indemnización.