Dicen que a perro flaco todo son pulgas y Dinoco, por desgracia, puede decir que el refrán es bien cierto. Ayer, el colectivo que agrupa a padres y madres de Orihuela que tienen niños con problemas de discapacidad se enteró que va a tener que hacer frente con sus propios fondos al pago de una sanción que la Tesorería de la Seguridad Social le ha impuesto por no hacer frente al ingreso de la parte correspondiente por los contratos de las trabajadoras. La multa es de 2.000 euros y el año pasado ya tuvo otra este colectivo, aunque en aquella ocasión se asumió por el Ayuntamiento de Orihuela. Pero ahora el retraso municipal en hacerles el ingreso se cargará sobre sus espaldas porque así se fijó en el convenio para este año.

El Ayuntamiento pagó por última vez a Dinoco el pasado 27 de septiembre y, según los padres, la deuda exigible asciende a algo más de 75.000 euros. Si cobraran a tiempo podrían hacer frente a todos los pagos de forma ordenada pero la única fuente de ingresos es el Ayuntamiento porque sobre sus espaldas están soportando un servicio público sin tener más obligación para ello que el garantizar de este modo que sus hijos reciban la mejor atención posible. El diario intentó saber a través de un portavoz del equipo de gobierno del PP qué había ocurrido sin obtener respuesta alguna.

¿De dónde?

¿De dónde sacarán el dinero para pagar? Ayer Manuel Culiáñez, uno de sus portavoces, explicó que no hay más reserva que el fondo que tienen para comprar el material destinado a las actividades de los pequeños. Dinoco también va a recibir un premio con una cuantía en metálico que se destinará a este fin. De sus palabras salía una sensación de tristeza y cansancio en una situación en la que se está alargando saber qué pretende hacer el Ayuntamiento con los padres. El pasado martes INFORMACIÓN ya publicó que desde hace dos meses las conversaciones entre los padres y el equipo de gobierno prácticamente no existen. La brecha se abrió después de que los padres se posicionaran en contra de un futuro que no pasara por una gestión directa del servicio; es decir, que el Ayuntamiento o la Conselleria de Bienestar Social asumieran la carga que ellos están llevando sin corresponderle. Para hacer valer esta posición esgrimen un informe jurídico que dice que la opción pública, además de ser la mejor, es la más barata. El hecho de que el alcalde, Emilio Bascuñana, siga abierto a todas las posibilidades y siempre les diga que se decidirán por la mejor opción para sus hijos es algo que ni mucho menos les tranquiliza.