El portavoz del PSOE de Benejúzar, Miguel López, pidió ayer al alcalde, Antonio Bernabé (PP), que cese al jefe de la Policía Local de su cargo y lo deje como agente raso tras haber sido imputado por prevaricación en un caso en el que se investiga el bloqueo de la tramitación de decenas de multas y sanciones sin causa justificada y de forma arbitraria. Asimismo, exigió al regidor que una vez que tome esa decisión se aparte de la Alcaldía debido a que también él ha sido imputado por la misma causa y citado a declarar en los juzgados el próximo febrero, por lo que cree que la vara de mando debería de pasar a al primer teniente.
Para López es un «despropósito» mantener en el cargo al jefe de la Policía Local «que está siendo investigado por cometer supuestos delitos en el desempeño de sus funciones», por lo que no entiende cómo se permite que siga realizando ese mismo trabajo. «Son hechos que nos sonrojan. Respetamos la presunción de inocencia pero queremos que se investigue por qué no se han tramitado denuncias contra determinadas personas, muchas de las cuales son allegadas del alcalde y del PP», dijo López.
El concejal socialista valoró que el argumento utilizado por el PP de la provincia para no tomar ninguna medida cautelar contra el regidor, asegurando que se trata de una «denuncia política», no tiene ningún peso porque, según dijo, la juez llamó a declarar primero a cinco agentes de la Policía como testigos y fue después de eso cuando decidió imputar al primer edil y al jefe del cuerpo. «Algo habrá visto el juez y el fiscal para tener sospechas sobre este tema», prosiguió el socialista.
Segunda denuncia
Miguel López dijo igualmente que la denuncia interpuesta por una agente de la Policía Local en la que detalla una práctica continuada de bloqueo de numerosas multas de tráfico y de infracciones urbanísticas no es la única sobre este asunto. Aseguró que existe otra investigación y denuncia de la Guardia Civil por hechos similares.
La denuncia a la que tuvo acceso este diario, interpuesta por un agente de la Policía, apuntaba incluso que varios agentes habrían recibido supuestamente órdenes directas del alcalde y del jefe de la Policía para suprimir sanciones a determinadas personas, al parecer, afines al gobierno local del PP.
Para finalizar, López consideró que el abogado del Ayuntamiento no debería estar asistiendo jurídicamente en este caso al regidor porque, a su juicio, existe «incompatibilidad». Sobre este extremo dijo que espera que la minuta del letrado la esté pagando el regidor y no el consistorio.
