Agentes de Aduanas y de la Guardia Civil encargados de la investigación del caso del fraude en las facturas del AVE, registraron ayer el Juzgado de Aguas de Orihuela en busca de documentación relacionado con el caso de facturas falsas que se saldó con la detención del anterior juez de aguas, Jesús Abadía, y del exsecretario del juzgado, Aníbal Bueno, el pasado 6 de noviembre, y a la que se sumó la detención del técnico ingeniero de la institución José Manuel Pujante, y su hermano, cuatro días más tarde.
Los agentes acudieron al sobre las 10 de la mañana y procedieron a un minucioso registro fruto del cual se incautaron de toda la documentación que consideraron conveniente. Entre ella, dos carpetas clasificadas como «línea AVE», donde según fuentes del Juzgado de Aguas figura documentación relativa a las obras y modificaciones de conductos de agua y riego que son propiedad del juzgado y que fueron alteradas para albergar las obras de la Alta Velocidad. Precisamente esas obras son las que fueron aprovechadas por la trama empresarial creada supuestamente por Fernández Pujante para defraudar a Hacienda emitiendo facturas falsas para recuperar el IVA por la realización de unas obras que, en la mayoría de ocasiones, nunca llegaron a producirse, y que investiga el Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia. Los agentes incautaron cerca de 2.000 folios con documentación referente a las obras de la Alta Velocidad.
Manuel Larrosa, juez de Aguas, quien estuvo presente, apuntó que «sabíamos que tarde o temprano acabarían registrando el Juzgado para pedirnos documentación, y ese día al final ha llegado». Es más, Larrosa añadió que «sabíamos que esas eran las carpetas que se iban a llevar, las teníamos perfectamente localizadas». Desde el Juzgado de Aguas apuntaron que se ha conservado toda la documentación relativa al papel de la institución en las obras de acequias y azarbes que se han visto afectadas por el trascurso de las obras, y que son propiedad de la institución, pero Larrosa reiteró una vez más que «el juzgado no ha tenido nada que ver», a pesar de que entre los 15 detenidos en la operación policial se encuentran tres personas vinculadas al juzgado y que Fernández Pujante continúa en prisión.
Cargo
La investigación mantiene que tanto el técnico como el exjuez de Aguas, Jesús Abadía y el exsecretario, Aníbal Bueno, se valieron de sus cargos al frente del organismo de los agricultores para elegir las adjudicatarias de los trabajos de reposición de las infraestructuras hídricas afectadas por las obras del AVE. El papel de Martínez Pujante sería el de enlazar la institución oriolana con las mercantiles que ejecutaron las obras a través de una empresa creada con su hermano, también encarcelado, llamada Liberitas Desarrollos Inmobiliarios y que facturó cerca de seis millones de euros como subcontrata de la mercantil Marimar.
Esta última sería según la investigación la principal adjudicataria de estros trabajados, que cobró gran parte de las reparaciones de conducciones supuestamente afectadas por el trazado del tren que ni siquiera se realizaron. En total, se trata de un fraude de 30 millones de euros según las investigaciones.
