El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha emitido un auto mediante el que rechaza las medidas cautelares solicitadas por la UTE Cespa-Ortiz, que pidió dejar en suspenso la modificación del Plan General de Cox que prohibía la implantación de cualquier actividad relacionada con la gestión de las basuras. Los jueces han valorado que no acepta esa petición debido a que debe prevalecer el interés general sobre los perjuicios económicos que pudiera sufrir la empresa.
La UTE Cespa-Ortiz (que fue adjudicataria del Plan Zonal de la Vega hasta que el Consorcio rescindió el contrato por incumplimientos) presentó un recurso contencioso-administrativo en el TSJ contra el Ayuntamiento de Cox por haber modificado el Plan General, alegando que esa maniobra impidió poner en marcha la planta de transferencia de residuos y fue una de las causas por las que perdió la millonaria contrata. Como medida cautelar pedía que se dejara en suspenso esa modificación del Plan General para, por lo tanto, tener vía libre para instalar la planta de residuos, una proposición que ha sido rechazada.
Batalla judicial
Ahora Cespa-Ortiz dispone de un plazo de cinco días para presentar un recurso de reposición para intentar revertir ese auto. Independientemente de que se le admita o no, la UTE prepara ya la demanda contra el consistorio de Cox, que presentará en las próximas semanas, y en la que casi con toda probabilidad exigirá una jugosa indemnización al Ayuntamiento. No obstante, desde el consistorio mantienen que seguirán batallando en los tribunales para que el municipio no salga perjudicado al estimar que la UTE perdió el contrato por haber ofrecido al Consorcio en su propuesta cosas que no tenía como, precisamente, la disponibilidad de terrenos en el polígono Virgen del Carmen, donde estaba previsto construir una planta de transferencia de basuras.
