El Partido Popular (PP) no tomará medida cautelar alguna contra el alcalde de Benejúzar, Antonio Bernabé, quien tendrá que declarar el próximo mes de febrero imputado por un supuesto delito de prevaricación en el marco de una investigación iniciada a raíz de la denuncia de un agente que alertó que ambos habrían bloqueado la tramitación de decenas de multas y sanciones sin causa justificada y de forma arbitraria.
El diario constató ayer que para la dirección del PP se trata de una denuncia «política» por parte de un agente que «no es la primera vez que lo denuncia» por lo que no está previsto ni la apertura de un expediente. Al parecer, las explicaciones que ha dado Bernabé han convencido. El martes, en declaraciones a esta redacción, el regidor aseguró que está «tranquilo» con respecto a esta investigación judicial y defendió su inocencia. Trasladó que espera que todo se aclare en el juzgado y consideró que se trata de una venganza del agente denunciante basándose en «falsedades». Apuntó que «todas las denuncias están tramitadas» y confió en que se archive el caso.
Este es el segundo caso en lo que va de mandato en el que un cargo del PP de Benejúzar se ve envuelto en una cuestión judicial. El pasado octubre el concejal Vicente Cases tuvo que declarar en el marco de una investigación tras haber sido denunciado por anunciarse como abogado cuando no es ni licenciado en Derecho. En aquella ocasión Bernabé defendió a su edil y éste, incluso, arremetió contra el Colegio de Abogados de Orihuela para, finalmente, terminar pidiendo perdón, aunque nadie dimitió.
La denuncia contra el alcalde y contra el edil de Policía se interpuso en diciembre y detalla una práctica continuada de bloqueo de numerosas multas de tráfico y de infracciones urbanísticas, apuntando que varios agentes habrían recibido supuestamente órdenes directas del alcalde y del jefe de la Policía para suprimir sanciones a determinadas personas. Estos hechos habrían motivado represalias especialmente contra el agente que se negó a acatar los requerimientos del primer edil, como por ejemplo mantenerlo de forma permanente en turnos de noche, iniciar expedientes disciplinarios en su contra o retirarle el arma.
Según el denunciante, de las prácticas irregulares del alcalde y el jefe de la Policía no sólo se beneficiaron amigos y familiares retirando sanciones por conducir vehículos sin el obligatorio seguro, con menores que no llevaban el correspondiente dispositivo de seguridad o contra establecimientos hosteleros que colocaron altavoces en la calle o una barra para servir bebidas alcohólicas fuera del horario permitido.
