El edil de Contratación, Paco Sáez, apuntó ayer que las ocho empresas que han optado al concurso para el nuevo contrato de la ORA podrán pedir indemnizaciones al Ayuntamiento si finalmente los técnicos desestiman el expediente como propuso el lunes el interventor, Fernando Urriticoechea, quien entiende que existen dos irregularidades en el pliego de condiciones que obligan a comenzar de nuevo el proceso: que se considere la zona azul como servicio público, y que no sea la empresa quien se quede con la recaudación sino el Ayuntamiento al tratarse de una tasa.
El edil apuntó ayer que «presentarse al concurso lleva una serie de gastos por parte de las empresas, que podrán pedir responsabilidad al Ayuntamiento» si finalmente la redacción de estas ofertas cae en saco roto. Sáez volvió a defender ayer la legalidad del pliego, y reiteró, como ya apuntó el lunes a este diario que «el expediente cuenta desde el principio con todos los informes técnicos favorables», por lo que «confío en que pueda resolverse tal y como está, porque el gran problema son las siete familias que se quedarían sin trabajo si esto no se resuelve», en referencia a los trabajadores del servicio de zona azul, que llevan esperando este contrato desde la finalización del anterior, el pasado 11 de noviembre, para volver a su puesto.
No obstante «la última palabra es de la Mesa de Contratación, que al estar integrada solo por técnicos, y no sin políticos tomarán una decisión tras estudiar el informe presentado por el interventor». Sáez apuntó a que será hoy cuando se conozca la resolución de los técnicos o como muy tarde mañana. En el caso de desestimar la propuesta de Urruticoechea, ese mismo día se realizará la propuesta de adjudicación a la junta de gobierno pues ya se han finalizado todos los procesos de valoración de ofertas presentadas al concurso, por lo que el servicio podría comenzar ya de cara a la próxima semana.
