El alcalde de Benejúzar, Antonio Bernabé (Partido Popular), y el jefe de la Policía Local han sido citados en sede judicial para declarar en calidad de imputados por un presunto delito de prevaricación en el marco de una investigación iniciada a raíz de la denuncia de un agente que alertó que ambos habrían bloqueado la tramitación de decenas de multas y sanciones sin causa justificada y de forma arbitraria.
La providencia ha sido dictada por la juez que instruye el caso, María del Carmen Valverde, quien ha fijado la ronda de declaraciones el próximo mes de febrero para que ambos acudan acompañados de asistencia letrada.
La denuncia se interpuso en diciembre del pasado año y detalla una práctica continuada de bloqueo de numerosas multas de tráfico y de infracciones urbanísticas, apuntando que varios agentes habrían recibido supuestamente órdenes directas del alcalde y del jefe de la Policía para suprimir sanciones a determinadas personas. Estos hechos habrían motivado represalias especialmente contra el agente que se negó a acatar los requerimientos del primer edil, como por ejemplo mantenerlo de forma permanente en turnos de noche, iniciar expedientes disciplinarios en su contra o retirarle el arma.
Según el denunciante, de las prácticas irregulares del alcalde y el jefe de la Policía no sólo se beneficiaron amigos y familiares retirando sanciones por conducir vehículos sin el obligatorio seguro, con menores que no llevaban el correspondiente dispositivo de seguridad o contra establecimientos hosteleros que colocaron altavoces en la calle o una barra para servir bebidas alcohólicas fuera del horario permitido.
En casa de una edil
También se relata un episodio en el que presuntamente la concejala Amelia Ruiz le pidió de forma directa al agente que cancelara una sanción a un vehículo aparcado sobre la acera cuyo conductor estaba realizando trabajos de reparación en su vivienda.
El agente denunciante describe además otras prácticas como la cesión del espacio de la Zona de ocio y piscina municipal a familiares y amigos del equipo de gobierno mientras esa área estaba cerrada al público, y cuyos usuarios aseguraron que tenían permiso del alcalde o del concejal Joaquín Gumbao para permanecer allí. En cuanto a infracciones urbanísticas por hacer obras sin licencia o no tener permiso para la ocupación de la vía pública, el policía relata que no se tramitaban expedientes sancionadores contra algunos infractores y las denuncias se quedaban guardadas en un cajón.
De igual forma, asegura que el jefe de Policía no cursó hasta 14 denuncias por robos con fuerza, robos en domicilios o actos vandálicos sucedidos entre octubre de 2012 y octubre de 2014 y permanecieron en el olvido hasta la fecha en la que interpuso la denuncia, en diciembre del pasado año. Por todo ello cree que se han podido cometer delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, omisión del deber de perseguir delitos y contra la integridad moral, de los que acusa a los ediles José Francisco García, Amelia Ruiz y Joaquín Gumbao, además del alcalde y el jefe de la Policía.
