El Consorcio de Residuos de la Vega Baja, presidido por Manuel Pineda, no tomará ninguna decisión con respecto a la instalación de la planta o plantas de transferencia de basuras de la comarca hasta que no se disponga de un informe jurídico que avale que esas instalaciones pueden disponerse en ubicaciones no previstas por el anterior proyecto del Plan Zonal, que fijaba esa estación para trasferir desechos en Cox. El objetivo, según dijo ayer Pineda, es evitar dar pasos en falso y blindarse ante futuras reclamaciones que puedan entorpecer la ejecución del proyecto para ordenar la eliminación de las basuras del sur alicantino.
El Consorcio de Residuos de la Vega, integrado por los 27 municipios, la Generalitat y la Diputación, acordó en enero rescindir el contrato del Plan Zonal adjudicado a la Unión Temporal de Empresas Cespa-Ortiz alegando incumplimientos del contratista, principalmente por no disponer la UTE de los terrenos necesarios para la construcción, por un lado, de la planta de residuos prevista en Albatera y, por otro, de la de transferencia que debía albergar Cox, lo que motivó que incumpliera los plazos previstos. Pues bien, ahora la presidencia del Consorcio lo que necesita aclarar es si la resolución de ese contrato llevaba consigo la anulación del proyecto de gestión que fijaba las zonas en las que se iban a habilitar esas infraestructuras de residuos. Pineda mantiene que sería un error iniciar un proceso para encontrar una ubicación alternativa para la estación de transferencia si no se tiene la seguridad de que, efectivamente, se puede poner en marcha.
Posibles ubicaciones
El presidente del Consorcio dijo que en un plazo aproximado de 10 días espera tener esos informes sobre la mesa y articular entonces el plan para encontrar ubicación para esa estación transitoria. El primer paso será la elaboración de un mapa de posibles ubicaciones geográficas para disponer esa infraestructura atendiendo a criterios como su habilitación en un punto en el que no cause molestias vecinales, que esté cerca de los municipios que más generan residuos -como Torrevieja y Orihuela costa- o que se encuentre próxima a la autopista para derivar los camiones hasta los vertederos de Elche, Jijona y Villena.
Según Pineda, todo apunta a que se pondrá más de una planta de transferencia en marcha para evitar habilitar una de grandes dimensiones para dar cabida a los 247.000 toneladas de residuos que se generan en la comarca de forma anual. Cabe recordar que este es uno de los requisitos que ha exigido el Ayuntamiento de Almoradí para acoger una de ellas, es decir, que haya varias repartidas por la Vega Baja y que, además, el municipio reciba compensaciones.
Pineda prosiguió que una vez que esté claro el proyecto que necesita la comarca en cuanto a plantas de transferencia, habrá que ver la respuesta de los Ayuntamientos sobre si se interesan o no en disponer esas plantas en parcelas públicas o si ayudan a que se habiliten en terrenos privados. La idea del Consorcio es sacar a licitación el servicio para que empresas privadas se ocupen de la gestión, que consiste en compactar la basura que llegaría cada día en camiones para transportarla en vehículos de gran tonelaje hacia los vertederos autorizados en la provincia. No obstante, también cabe la posibilidad de que la Generalitat asuma el servicio mediante una empresa pública.
