La posible anulación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de San Miguel de Salinas tiene en vilo a 150 familias que consiguieron regularizar sus casas a través de ese texto urbanístico o levantarlas en nuevas zonas habilitadas para la construcción. El Plan se aprobó en el año 2009 y fue recurrido por la vía contencioso-administrativa por la Asociación de Vecinos «San Miguel Arcángel» y el colectivo «Amigos de Sierra Escalona», tras lo cual el Tribunal Superior de Justicia acordó la nulidad de ese planeamiento en 2014. El Ayuntamiento y la Generalitat presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS), que deberá pronunciarse sobre este asunto.
El concejal de Urbanismo, Sergio Correas (PP), valoró que el municipio se encuentra «bloqueado» por esta batalla judicial que dura ya seis años dado que, aunque el Plan General sigue en vigor, la gente «tiene miedo a invertir por si hay una sentencia desfavorablesentencia desfavorable». En este sentido apuntó que desde la aprobación de ese documento se han levantado cerca de 30 viviendas en nuevas zonas recalificadas y se pregunta qué pasara con esas familias si se encuentran con que su casa se queda fuera de ordenación. El edil valoró que se empieza a notar un repunte de la construcción en la comarca de la Vega Baja pero sin embargo las empresas constructoras no quieren invertir en el municipio por si la situación judicial les acaba generando problemas. Y lo mismo sucede con el polígono industrial, que contempla una ampliación de cerca de 400.000 metros cuadrados pero ninguna empresa se quiere arriesgar a montar allí sus instalaciones por la incertidumbre de todo este proceso.
«Lo lógico sería que en menos de un año obtengamos respuesta del TS, pero mientras no llegue estamos en un limbo legal que ha dejado bloqueado al municipio», dijo Correas.
La aprobación del Plan General contemplaba la recalificación de suelo para construir 40.000 nuevas viviendas. El TSJ acordó su anulación tras constatar que este proyecto no se sometió al preceptivo proceso de Evaluación Ambiental Estratégica. Ese documento se suplió con una declaración de impacto ambiental avalada por la Generalitat, que dio luz verde al nuevo planeamiento.
