El Ayuntamiento de Cox se enfrenta a pagar una indemnización de 2,7 millones de euros a dos propietarios de terrenos urbanizables que fueron expropiados por el consistorio tras convertirlos en zona verde destinada a parques y jardines en el marco del Plan General de Ordenación Urbana. La administración local indemnizó a los dueños de esas parcelas con 360.000 euros, una cantidad que consideraron irrisoria e injusta, por lo que iniciaron una batalla judicial que ha acabado en el Tribunal Supremo. Los jueces han dado la razón a los dos vecinos y han designado a un perito judicial que ha estimado que ese es el precio que se les debe de abonar, casi ocho veces más de lo calculado por el consistorio. El municipio tiene un presupuesto de 4,4 millones de euros. Esta cuantía supone el 59%.
El fallo de la sección VI de la sala de lo contencioso del Supremo viene a dar la razón a los dos afectados. Según se denunció primero por vía administrativa y después en sede judicial, desde 2001 los propietarios estuvieron registrando escritos en el consistorio, al principio solicitando información acerca de los mecanismos de compensación que se iban a adoptar dada la nueva clasificación y calificación del suelo. Pero nunca obtuvieron respuestas. Por ello, solicitaron la apertura de expediente de justiprecio, llegando a ser tasadas sus propiedades por un perito contratado por más de 5,9 millones de euros. El Ayuntamiento rebajó esa cantidad a sólo 315.000 euros, aunque finalmente el jurado de expropiación la fijó en los 360.000 euros que se abonaron.
Se inició entonces otra batalla, esta vez por la vía judicial, que ha acabado con el peritaje de las dos fincas en 2,7 millones de euros. Ahora se ha tenido en cuenta el valor que tenía el suelo en 2007 y, además, se han calculado los metros edificables que se podrían haber construido sobre esos terrenos -casi 20.000 metros-, mientras que el consistorio sólo tuvo en cuenta los metros de suelo. La diferencia fue que se pagó a un precio de 35 euros el metro cuadrado de suelo y ahora se tendrá que abonar a 140 euros por metro de techo edificable.
Especulación
La voraz especulación urbanística que se vivió durante la pasada década fue el detonante de esta situación vivida en Cox. Según señaló a este diario uno de los afectados, lo más racional hubiera sido que el Ayuntamiento los indemnizara con una cantidad monetaria justa o realizando una permuta de parcelas para ofrecerles suelo edificable, compensándoles así por haber recalificado como zona verde sus propiedades. Pero esto nunca se hizo, se ofrecieron sólo pequeñas compensaciones y se pudo favorecer a otros propietarios mediante un urbanismo a la carta que les permitió sacar el máximo rédito a sus tierras en detrimento de los intereses de otros. Eso es lo que vienen denunciando. Las consecuencias de esa fiebre constructora se siguen pagando hoy día y prueba de ello es esa indemnización millonaria a la que ahora se enfrenta el Ayuntamiento cojense.
