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Torrevieja

Multan a la discoteca 222 con 120.000 euros por graves carencias de seguridad

La Guardia Civil comprobó un sobreaforo de más de 500 personas sobre la licencia

Imagen del Tropic 222 cerrado desde el pasado mes de septiembre TONY SEVILLA

La Generalitat ha cerrado el expediente contra la discoteca Tropic 222 con una dura propuesta de sanción de 122.022 por deficiencias «muy graves» detectadas en las inspecciones, como reiterados sobreaforos o la inexistente conexión del sistema contra incendios, que derivaron en el cierre de las instalaciones por parte del Ayuntamiento a finales de agosto.

La resolución, que avala la actuación de la Guardia Civil, la Policía Local y la decisión municipal de clausura, conlleva la prolongación del cierre durante al menos seis meses más. Luego se reabrirá, siempre y cuando la propiedad pague la multa y además se compruebe que pone a punto a las instalaciones desde el punto de vista técnico para seguir en marcha; algo que puede suponer el desembolso de otros 50.000 euros en obras. Eso siempre y cuando no alegue la resolución actual de la Generalitat -que ya ha rechazado alegaciones previas- lo que supondría otra prolongación del expediente.

Tropic 222, es uno de los establecimientos nocturnos más grandes, populares y antiguos de la ciudad, situado en su mayor parte al aire libre, sobre 2.500 metros cuadrados, junto a la playa de Los Locos. El expediente constata un «grave peligro para la seguridad de las personas» en aforos muy por encima de la licencia para 84 personas con la que cuenta este local -que solo le permite trabajar como heladería, restaurante y pub-. Algo que se ratificó durante la media docena de inspecciones realizadas durante el verano.

La resolución de la Dirección General de la Agencia de Seguridad y Respuestas de la Generalitat, a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN, indica que el 20 de julio se comprobó en las instalaciones la presencia de 981 personas cuando la licencia del local autoriza a 84, con un sobreaforo de 897 personas. Y esa circunstancia se reiteró a lo largo de agosto pasado por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local en otras cinco ocasiones más, con aforos que no bajaron en ningún caso de las 600 personas. Todos además incumpliendo el horario de apertura y de cierre que debería seguir en función de su licencia.

El 24 de agosto, además, los policías se percataron que mientras contaban por las dos puertas principales a los usuarios uno a uno -la comprobación se realiza en el momento de cerrar el recinto-, «el personal del establecimiento estaba evacuando a los usuarios por la de emergencia situada en la parte trasera» presumiblemente para rebajar el número total. Algo que se califica como obstrucción a la función de la Policía.

Cañizo

El sistema de bocas de incendio no coincidía con el indicado en el proyecto y, lo que es más grave, según el informe, no estaban conectado a la red de suministro ni contaba con un depósito de abastecimiento y bombeo de reserva. Parte del cableado del establecimiento carece de revestimiento y está fijado sobre cañizo inflamable; los cuadros de luz están junto a botellas de alcohol y parte de la instalación eléctrica se encuentra al lado de elementos de dispersión de agua para refrescar a los usuarios. Además, la madera de la estructura del recinto no cuenta con revestimiento ignífugo. En estas condiciones, los informes subrayan que durante una inspección el 10 de agosto se produjo una actuación con tambores, saxofones, violines y «espectáculo de fuego».

Además, y como otro incumplimiento, el establecimiento cuenta con numerosos altavoces a lo largo de su estructura al aire libre y una pantalla gigante cerca de varios residenciales lo que provoca numerosas quejas por contaminación acústica. Todo sin que la licencia como heladería, restaurante y pub, la única con la que cuenta desde 1996, contemple este uso. Durante una de las inspecciones se comprobó que tres de las cuatro personas que ejercían el servicio de admisión no contaban con la acreditación para realizar esa función. La empresa presentó, sí presentó, en sus alegaciones un seguro para cubrir un siniestro con un aforo de 1.000. El que presentó durante las revisiones era insuficiente, pero en este caso la Generalitat insiste en que el aforo legal es del 84 personas.

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