El exconcejal de Mercados de Callosa la pasada legislatura, Jaime Canales (PP), gestionó la compra de un aparato de aire acondicionado para el Mercado de Abastos. La máquina costaba 11.149 euros y el edil firmó un contrato que fijaba que se pagaría a la empresa 500 euros adicionales por día de retraso en el cobro. El pago se demoró casi 10 meses y la mercantil reclama 151.500 euros en intereses. Pues bien, para demostrar que lo que hizo fue legal y amparándose en que «no leyó la letra pequeña de ese contrato», el propio exconcejal se ha «autodenunciado» ante la Fiscalía Anticorrupción para que investiguela posible comisión de delitos en todo este procedimiento.

Así lo aseguró ayer el actual concejal de Hacienda, Rubén Manresa, quien dijo que el exedil informó al Ayuntamiento de esa denuncia contra sí mismo. Manresa valoró que desde el equipo de gobierno (PSOE, IU y Somos) «entendemos que de momento debemos abstenernos de realizar valoraciones sobre los posibles delitos que se hayan podido cometer, no obstante ante la autodenuncia realizada por el exconcejal, hemos aportado al fiscal toda la documentación obrante en el Ayuntamiento con el fin de que pueda analizar el asunto con el mayor conocimiento del mismo».

Uno de los documentos que el equipo de gobierno ha entregado al fiscal es el informe de la Secretaria del consistorio, en el que se alerta de que el polémico contrato «no fue firmado por el representante legal del Ayuntamiento (el alcalde) ni fue autorizado ni aprobado por ningún órgano administrativo», por lo que «ningún funcionario vio este contrato» dijo el concejal. Asimismo, Intervención consideró que Jaime Canales sólo paso por junta de gobierno las citadas facturas para darles la conformidad y que además lo hizo el día 30 de abril de 2015, tres meses después de que empezara a aplicarse la cláusula de los 500 euros por día. Pero sólo llevó a esa junta las facturas, por lo que nadie sabía que previamente él mismo había firmado ese contrato.

Desde el gobierno aseguran que se personarán como acusación si abre una investigación y reiteraron su negativa a abonar esa reclamación porque consideran que es abusiva y responde a práctica de usura. Asimismo valoran que Canales no tenía firma delegada y fue él quien firmó en contrato de forma personal, no en nombre del Ayuntamiento, por lo que en todo caso debería ser él quien pague esa indemnización.