Esta semana Proambiente ha vuelto a ser noticia. La Generalitat ha hecho públicas dos notas, en días consecutivos, para, por un lado, atacar al Partido Popular que un día antes, a través del concejal de Medio Ambiente de Orihuela, Miguel Ángel Fernández (PP), exigía a la Conselleria la retirada de los lixiviados de una finca, al entender que los mismos son el resultado de la fuga de un vaso y, por ello, la contaminación se extiende; y la segunda era para notificar que, con o sin un procedimiento penal abierto, habían acordado instar la retirada de las miles de toneladas de basura enterradas en las fincas colindantes de lo cual les responsabiliza. Para el caso de que no lo haga, la Administración valenciana se plantea la posibilidad de hacerlo de forma subsidiaria y, después, cargar los costes pero, ¿a quién?. Lo curioso del caso es que si alguien ha intentado llamar esta semana a Proambiente no le habrán cogido el teléfono como tampoco lo ha hecho a este periódico ha sido su portavoz, Antonio Joaquín Fenoll.
La empresa, a caballo de dos municipios -Abanilla y Orihuela- y de dos comunidades, lo que le sirvió en ocasiones para sortear la legalidad de una o de otra, según de qué se tratase, si de un procedimiento administrativo, civil o penal, está inactiva a día de hoy después de haber tenido más de cien trabajadores en nómina y de haber sido un Caballo de Troya que sirvió para que uno de sus principales artífices Ángel Fenoll -para muchos el único- se convirtiera en una de las personas más poderosas y ricas de la Vega, asumiendo la gestión de los residuos de media comarca a través de Colsur, que después pasaría a llamarse Sirem al verse la mercantil salpicada en varios asuntos judiciales.
La fórmula de Fenoll con Colsur era fácil: nadie podía adjudicarse una licitación con mejores condiciones que las que ofrecía Sirem y a los ayuntamientos porque estas incluían el precio más bajo por eliminación de tonelada de residuos en muchos kilómetros a la redonda gracias a que Proambiente, mercantil de la que era y es propietario junto a sus cinco hermanos, reventaba precios: Sólo 5 euros por tonelada cobraba a algunos clientes de Sirem, la décima parte de lo que cuesta en estos momentos. La consecuencia era fácil: nadie podía competir con su mercantil que sumó hasta 16 de los 27 contratos con municipios de la Vega, más algunos en la región de Murcia. El resto de empresas carecía de plantas de eliminación propias y menos tan cerca y nadie les cobraba ese precio tan ínfimo por una eliminación que es compleja porque se hacer a mano y supone separar de los residuos aquellos que son reutilizables, enterrando el resto y siguiendo un proceso estricto y perfectamente marcado por la ley. Si Proambiente lo hacía o no es una cuestión que se encuentra judicializada en Cieza y en Orihuela, aunque este último juzgado asumió hace meses toda la investigación: todo son basuras y todas enterradas, el asunto, por tanto, era único.
Un informe pericial de la causa constata la existencia de miles de toneladas de basura enterradas sin tratar y cubiertas más tarde por cultivos de cítricos en plena producción. La propia empresa fue condenada hace menos de un año por un supuesto fraude fiscal de millones de euros en una sentencia que consideraba que formaba parte de una red organizada para evitar el pago a Hacienda de impuestos como el IVA o el de Sociedades a través de una serie de mercantiles pantalla que justificaban servicios con precios engordados. Y hay aún otro procedimiento en marcha de las mismas características.
La Murada
Llama la atención que ahora que el Consell se «pone las pilas» para dar solución al problema de los enterramientos de basura en La Murada -la pedanía oriolana sobre la cual se sitúa- en la empresa no haya nadie que coja el teléfono. Hace ahora tres semanas la otra comunidad sobre la cual se asienta Proambiente, la murciana, anunció que iba a echar mano del aval millonario que presentó para garantizar la recuperación del LIC (Lugar de Interés comunitario) que había ocupado «accidentalmente» para que, a cambio, continuara el procedimiento administrativo para que el vaso 3 de Proambiente (tenían ya entonces en proyecto el 4 y 5) pudiera seguir recreciendo para enterrar más basura habida cuenta que sobre estos dos nuevos no iban a poder hacer nada por esa afección mediambiental. Unas 500 toneladas de desechos se han sacado ya de allí. Pero a diferencia de lo que pasa en Murcia, en Valencia no hay dinero de la empresa para llevar la limpieza.
La reunión
Hace ahora casi tres años, después de que una pelea entre los seis socios acabara con Ángel Fenoll fuera del consejo de administración y denostado por sus hermanos, que le acusaban de todos sus males en los juzgados y de haber sido el único responsable de que la mercantil estuviera bajo sospecha (de hecho, llegó a cerrarle la puerta al Ayuntamiento de Orihuela cuando la discusión en la familia acabó en ruptura, provocando que las bolsas se acumularan varios días en las calles), los asesores jurídicos y técnicos de la mercantil ofrecieron una rueda de Prensa, con vino de honor, en el hotel Tudemir de Orihuela. Tras los periodistas se sentaron entonces algunos de los otros cinco propietarios para escuchar lo que le iba a preguntar por los periodistas y a contestar su equipo de asesores porque, expulsado «el malo», consideraban que podrían hacer frente a todos los problemas, restaurar el LIC, reabrir el vaso 3 (ya entonces, el Gobierno murciano sólo le permitía realizar en estas instalaciones la separación de las basuras y eliminarla en otros vertederos, lo que asumieron para no perder a sus últimos clientes) y ser una empresa boyante.
Nada de eso ha ocurrido. De hecho, Ángel Fenoll ha terminado entablando varios pleitos contra sus hermanos por venta de fincas -entre ellas las polémicas de Torremendo que se ofertaron para la planta comarcal de basuras del Plan Zonal, en una de las piezas principales del «caso Brugal» en la cual están implicados desde el expresidente de la Diputación, José Joaquín Fenoll, al empresario Enrique Ortiz, quien ganó aquel concurso.
Ahora Proambiente está cerrado, algunas fuentes señalan que el negocio podría reabrise si se vende pero la publicidad negativa, el rechazo de las administraciones a fiarse de cómo se ha gestionado siempre y la sombra de corrupción que ha planeado durante años hacen pensar que Proambiente está muy muerto, pero sigue sin ser enterrado.
