De la mano de PSOE y Los Verdes, en el pasado mandato, eurodiputados conocieron «in situ» lo que había enterrado en La Murada, se realizaron visitas a las zonas de lixiviados, de la mano de responsables municipal, vecinos y grupos ecologistas. La conclusión de todo el que estuvo allí fue que estaba ante uno de los delitos ecológicos más importantes que había visto nunca. Los informes llegaron a Bruselas pero nunca más se volvió a saber sobre qué iba a hacer para revertir la situación, obligando a España o a la Comunitat a tomar cartas en el asunto.
