El ingeniero del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, José Manuel Fernández Pujante, negó ayer en su declaración como imputado en el juzgado de Instrucción número 9 de Murcia todas las acusaciones que lo vinculan con una red que habría defraudado a Hacienda miles de euros a través de facturas por las obras del AVE, en el tramo Crevillent-Murcia; es decir, a través de la Vega Baja, mediante una empresa y aprovechando su condición al frente del organismo de los agricultores oriolanos, lo cual le habría permitido casi elegir las adjudicatarias de los trabajos de reposición.
De hecho, según lo que la Guardia Civil está constatando, muchas de estas reposiciones se habrían cobrado si que nunca se hubieran llegado a realizar. El montante de la investigación sobre estas facturas se elevaría a más de 30 millones y concretamente la empresa del técnico, siempre según la investigación, habría percibido seis millones de euros de esa cantidad; el resto se cobró, a través de otras mercantiles como Marimar. La autoexculpación de Fernández Pujante, según fuentes de la investigación, no convenció al Ministerio Público que al término de la misma solicitó su ingreso en prisión. También se acordó ayer cárcel para su hermano detenido por estos hechos, Antonio José.
La declaración de ambos concluyó sobre las dos de la tarde. En próximos días está previsto que testifiquen otras personas, alguna familiar de ambos, que se encuentran en libertad con cargos y de las que se desconoce su implicación que, en cualquier caso, sería mucho menor.
Registros
Con Fernández Pujante son tres las personas vinculadas al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela que van a la cárcel por este asunto. El viernes 6 de noviembre fueron detenidos el exjuez de Aguas, Jesús Abadía; y el exsecretario Aníbal Bueno. Dos días más tarde se produjeron varios registros y el lunes el juzgado de guardia de Orihuela hizo valer un exhorto del juzgado de Instrucción 9 de Murcia para que ambos fueran a prisión por estos hechos.
Como se recordará, agentes de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil llevaban a cabo esta misma semana un registro en una oficina que el ingeniero, de origen murciano, tenía en la avenida de la Constitución de la capital murciana, la sede de la empresa Liberitas, que, presuntamente, y de acuerdo con las conclusiones de los investigadores, pudo enmascarar los beneficios ilícitos conseguidos a través de los proyectos del AVE. Sólo un día antes de su arresto, el ingeniero Fernández Pujante declaró a este periódico en relación con la supuesta implicación de altos excargos del Juzgado de Aguas de Orihuela: «¿Un fraude en el AVE? No tengo ni idea. Voy a intentar enterarme».
