La magistrada realizó un detallado informe que sirvió para fijar la imputación de los supuestos responsables. En su escrito explicaba que «los vertidos de residuos sólidos urbanos en las fincas rústicas se producían directamente sobre el terreno sin ningún tipo de selección previa y posteriormente se cubría con tierra que se aplastaba con maquinara. Así las fincas donde se han producido enterramientos de residuos sólidos urbanos, sin autorización preceptiva» y detalla una serie de fincas de las que dice que la basura ha sido visible por «el desprendimiento de tierras, que la han dejado al descubierto, por la evolución geomórfica de las parcelas, los olores, la presencia de lixiviados durante las épocas de lluvias y los propios expedientes abiertos por la Confederación Hidrográfica del Segura y la Conselleria de Medio Ambiente». Los enterramientos se realizaron entre los años 2008 y 2011, «afectando al dominio público hidráulico por percolación de lixiviados a los acuíferos subterráneos». Y en el informe se llegaba a la conclusión de que en una de las parcelas había «283.500 toneladas de residuos sólidos urbanos»; es decir, más de lo que genera la comarca de la Vega Baja en un año. La descomposición generaba, «altas concentraciones de cloruros, sulfatos, amonios y demás materiales pesados» que son un grave peligro para la salud.
