La investigación que sigue el juzgado de Instrucción 9 de Murcia sobre un fraude fiscal en las obras del AVE ha situado a responsables y exresponsable del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela como una de las piezas claves de la trama, según la información recabada por este periódico. Lo que fue la segunda fase de la operación policial y judicial ha terminado con tres de las personas más influyentes de los últimos años, dentro del órgano de gestión de los regantes, entre rejas -Jesús Abadía, exjuez de Aguas; y Aníbal Bueno, exsecretario- o pendientes de pasar a disposición judicial hoy -José Manuel Fernández Pujante, ingeniero-.
La segunda fase de la investigación fue la que llevó a Aduanas y a la Policía Judicial a poner sus ojos en el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y a la influencia que tenía sobre movimiento de tierras que afectara a cualquier canalización de riego, al punto de ser capaces de decidir quién sí y quién no tenía su autorización para realizar trabajos. Este poder ha supuesto, según obra en los autos, un beneficio de seis millones de euros para una de las empresas implicadas entre los más de 30 millones de euros que forman parte de la investigan. Todo ligado a las obras del tren de Alta Velocidad Española a su paso por uno de los tramos más complejos del trazado: desde Crevillent-Matola, con estación incluida, hasta la capital murciana, enterrando el recorrido por Orihuela o cruzando la Sierra de Callosa.
Los investigadores, siempre según la información recabada, fueron teniendo cada vez más claro que este entramado tenía que chocar con numerosas acequias y conducciones hidráulicas de la huerta. Por fuerza también Adif tendría que ejecutar las obras de reposición de las zonas afectadas. Y, al final, los entonces responsables del Juzgado de Aguas lograron que las grandes adjudicatarias del proyecto subcontratara a su vez a las empresas de la trama para llevarlas a cabo. Faltaba por encontrar el enlace que conectara a la institución oriolana con las mercantiles que supuestamente las ejecutarían, principalmente Marimar, una pequeña constructora que multiplicó sus beneficios a raíz de estos trabajos.
Y esa persona, siempre según la investigación, es el ingeniero José Manuel Fernández Pujante, detenido en Murcia el martes, en una oficina de la céntrica avenida de la Constitución, la sede de Liberitas Desarrollos Inmobiliarios, una firma que el ingeniero creó con su hermano también detenido, y que facturó al menos 6 millones de euros por tales obras ficticias como subcontrata de Marimar. Según las fuentes consultadas por esta redacción, al parecer fue José Manuel Fernández quien incluyó en la trama a Juan Ortín, el administrador de Obras Marimar, al considerarlo persona de su confianza. Fue esta la empresa que ejerció en cierto modo de matriz para subcontratar «obras» a las demás firmas creadas por el resto de implicados con el único fin de lucrarse, a veces, sin realizar trabajo alguno, según la investigación.
A todos los detenidos, excepto a uno que ejerció como testaferro en varias sociedades fantasma, sin actividad alguna, se le atribuyen «beneficios» personales millonarios. Y todo ello gracias a una trama que, en torno al agua, quiso aprovecharse de las contrataciones de Adif para la llegada del AVE a Murcia a través de la Vega Baja.
Sólo un día antes de su detención este periódico se puso en contacto con Fernández Pujante, quien aseguró desconocer los arrestos de Abadía y Aníbal Bueno. A preguntas de esta redacción, fue escueto: «¿Un fraude en el AVE? No tengo ni idea. Voy a intentar enterarme».
Diferencia
La principal diferencia entre esta red y aquellas que sólo pretenden defraudar a Hacienda mediante la emisión de facturas falsas es que, en este caso, no sólo las obras que supuestamente realizaban eran inexistentes, sino que, pese a ello, las cobraban a las grandes empresas adjudicatarias del proyecto que a su vez les habían subcontratado. De ahí que en las diligencias se hable de estafa.
Y la implicación de responsables y exresponsables del Juzgado de Aguas de Orihuela no es otra que el supuesto acuerdo que consiguió tras negociar con Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) para encargarse por su propia cuenta de designar a las empresas que ejecutarían las obras de reparación o reposición de los cauces o infraestructuras hidráulicas afectadas por el trazado. Unos trabajos que, según fuentes cercanas a la investigación del Juzgado de Instrucción 9 de Murcia, nunca se hicieron, aunque sí se cobraron. Estas obras inexistentes se han venido «ejecutando» en las últimas cuatro fases del proyecto del AVE, desde que los trabajos para traer la Alta Velocidad se iniciaron en Crevillent.
Las sospechas de la existencia de esta red se remontan a casi dos años atrás. De ahí que la Agencia Tributaria enviara el caso a la Fiscalía Anticorrupción a principios de 2014 y los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera iniciaran la investigación, a la que poco después se unió el Equipo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la Guardia Civil en Murcia.
Las primeras pesquisas llevaron a los efectivos policiales a una constructora de la pedanía murciana de Sangonera donde se realizaron las tres primeras detenciones. El paso inicial ya estaba dado, habían descubierto un cúmulo de facturas falsas por servicios ficticios. Los investigadores siguieron tirando del hilo. Y este les llevó hasta Marimar, una de la que más obras inexistentes facturó a las adjudicatarias del proyecto. La sorpresa fue comprobar, de acuerdo con fuentes cercanas al caso, que pese a que tales trabajos no se realizaban, las empresas los cobraban religiosamente.
Entre los cuatro detenidos en esta segunda fase se encontraba también el subdirector de una entidad bancaria de Santomera. En dicha sucursal se llegaron a pagar de una tacada 7 millones de euros por esas facturas ficticias. El empleado quedó en libertad con cargos tras prestar declaración en el juzgado, pese a que el fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, pidió al juez su encarcelamiento.
De hecho, al menos cuatro de los detenidos sí han ingresado en prisión tras prestar declaración judicial. A ellos se podría unir hoy alguno más.
