En el sureste español estamos sufriendo una época de sequía durante los últimos tiempos. Esta coyuntura ha llevado al Gobierno de la Nación a la necesidad de aprobar tres decretos de sequía. Dos en el mes de mayo y el último a principios de septiembre que incluyen medidas extraordinarias de las Confederaciones del Júcar y del Segura hasta el fin del año hidrológico.
Es urgente buscar fórmulas que permitan una solución estructural, y no coyuntural, al déficit de agua del Levante español. Las desalinizadoras sólo deben usarse como complementos en tiempos de sequía. Está más que demostrado que no pueden ser una solución final por sus costes tanto de la instalación, su mantenimiento y por supuesto el gasto energético. Así mismo, no debemos dejar de un lado el gran impacto ambiental que producen al generar una gran cantidad de salmuera que llevarían a una situación ambiental límite a la zona donde se deriven.
Está demostrado que el agua de desalinizadora no es apta para su uso en agricultura. Para que sea viable hay que mezclarla con agua de pozos para obtener un agua eficiente para el uso agrícola. Lo que conlleva un precio que eleva en demasía los costes de producción en relación a los precios que venden los agricultores sus cosechas. Entre todas las partes se ha conseguido modernizar los sistemas de riego para evolucionar hacia una agricultura más eficiente, cultivos hidropónicos, sistemas de recuperación de energía y demás desarrollo para dar un buen uso hasta la última gota de agua, pero todos debemos poner de nuestra parte y defender lo que es un derecho.
El acuerdo del Memorándum Tajo-Segura, sellado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con las comunidades autónomas de Murcia, Valencia, Castilla La Mancha, Madrid y Extremadura, parecía que venía a cerrar una guerra histórica por el agua. Ese pacto conseguido por el Partido Popular, tras la cita electoral de 24 de mayo y los nuevos gobiernos de las comunidades autónomas, vuelve a estar en la picota. El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista García-Page y su gobierno han manifestado desde su toma de posesión su intención de negar el agua a la Comunidad Valenciana.
Las cosas son como son y los socialistas de Castilla-La Mancha han sido quienes han recurrido el último trasvase mostrando cuáles son sus intenciones desde un primer momento. Todo ello con el beneplácito del señor Ximo Puig y sus socios de gobierno, porque han defendido la postura de más desalación y optimización que trasvases.
La «guerra del agua» vuelve a empezar tras el 24M y el PSOE por si solo y en algunos casos en coordinación con Podemos o Compromís, quieren volver a tiempos pasados. Lo primero que deben de hacer es unificar sus discursos; no se entiende que las mismas siglas, en función de a que parte de España representen, digan una cosa u otra. Enfrente tienen y tendrán al Partido Popular con un discurso único como debe ser en un asunto de Estado como es éste.
En la política hídrica debe haber un principio de solidaridad entre regiones para que el agua venga de donde sobra a donde se necesite, pero no debemos de olvidar que cada vez que recibimos hectómetros cúbicos de agua desde la cabecera del Tajo a la cuenca del Segura, en sentido contrario son euros los que Castilla-La Mancha recibe.
La defensa del Tajo-Segura supone para la provincia de Alicante defender muchos puestos de trabajo. En la zona regada por sus aguas se producen el 70% de las hortalizas y el 25% de las frutas que exportamos en España. De este sector dependen unos 100.000 empleos directos y hasta 300.000 indirectos por lo que se debe ser muy serio en este asunto. Siempre sin olvidar la importancia de la industria del turismo en nuestra región y por supuesto la necesidad que tenemos simplemente para el consumo humano, siendo evidente que el trasvase Tajo - Segura es fuente vida para nuestra provincia.
Me viene a la mente cuando escuchaba a Rodriguez Zapatero y su ministra Narbona (cuya una de sus medidas fue eliminar el Ministerio de Agricultura ya que no aparecía en su nomenclatura) que decían cuando derogaron el Plan Hidrológico Nacional que tendríamos agua más barata, en más cantidad y de mejor calidad: 11 años después seguimos esperándola.
En estos momentos el Gobierno de España ha puesto en marcha las desalinizadoras como medida excepcional ante una posible multa de la UE por no utilizar los fondos europeos que los socialistas pidieron para tal fin. Cabe recordar que no se opone a los trasvases entre cuencas y en el pasado mes de agosto cuando se aprobó el ultimo trasvase de 20 hectómetros cúbicos de la cuenca del Tajo a la del Segura, los socialistas de Castilla La Mancha volvieron a tiempos del pasado reabriendo heridas que parecían curadas desde que se aprobó el Memorándum fruto del consenso de gobierno central y cinco autonomías poniendo de manifiesto que el PP es el partido del agua y el PSOE el de la confrontación de Comunidades Autónomas.
No olvidemos que en el año 2009 intentaron subir los caudales ecológicos en Aranjuez, Toledo y Talavera. Por otra parte la ministra Narbona intentó subir la reserva de garantía de 240 a 600 hectómetros. Cualquier éxito de estas intenciones hubiera supuesto la derogación del Tajo- Segura y en consecuencia un desastre económico y social para nuestra región. En este espinoso asunto tiene que haber mucho diálogo y consenso que ha sido la política llevada a cabo por el Partido Popular para evitar confrontaciones que al final siempre acaban pagando los ciudadanos.
Está demostrado quien asegura el agua para nuestra tierra y quien no. Sólo hay que ver las reacciones dentro del seno del PSOE ante el último trasvase de 8 hectómetros cúbicos aprobado. En Castilla La Mancha hablan de robo y en Alicante lo tachan de insuficiente poniendo de manifiesto que un partido político que no tiene un discurso único en temas de Estado como es agua difícilmente puede estar al frente del Gobierno de España, frente a este sectarismo del PSOE encontramos al Partido Popular con hechos refutables del presidente Rajoy que tras su visita a Alicante de hace unos días, el pasado viernes decretó el cierre de los pozos de sequía demostrando que no hay agricultores de primera y de segunda sino que todos son iguales para Gobierno Central.
