El pasado lunes, un día antes de su detención, el ingeniero del Juzgado de Aguas de Orihuela, José Manuel Pujante, aseguró a INFORMACIÓN desconocer los arrestos del exjuez de Aguas, Jesús Abadía, y del exsecretario, Aníbal Bueno. Pujante fue escueto: «¿Un fraude en el AVE?, no tengo ni idea. Voy a intentar enterarme». El martes se cubría con una chaqueta en el corazón de Murcia para evitar ser fotografiado cuando salía de las oficinas de Inversiones El Campillo SL, una mercantil constituida hace 17 años y en la que figura desde 1998 con los cargos de apoderado y consejero, según los datos obtenidos por el periódico. Su presencia se debió a la obligación legal de que asistiera junto a la comisión judicial al registro de las instalaciones, situadas en la Avenida de la Constitución. La empresa se dedica a «la promoción de obras y compraventa de bienes inmuebles» de una forma muy poco habitual porque no se hace ningún tipo de publicidad, ni siquiera tiene pagina web o presencia en redes sociales.
El teléfono móvil de Pujante seguía sonando ayer aunque nadie atendió a una llamada de este periódico para conocer su parecer por estos hechos que lo implicarían supuestamente en una trama para defraudar a Hacienda por obras intermediadas o realizadas -eso es una cuestión que todavía no ha aclarado la investigación, que está bajo secreto de sumario- para el AVE entre Crevillent y Murcia.
Directivos
El hecho de que dos de los tres oriolanos arrestados -entre las trece personas que ya figuran en las investigaciones- hayan sido altos directivos del Juzgado Privativo de Aguas y el tercero uno de los máximos responsables técnicos, no es óbice para que el juzgado de Aguas reiterara ayer que no tienen nada que ver:«Me molesta que el juzgado se vea implicado en todo esto.»
