Las Cortes aprobó ayer instar a Proambiente, propietaria del vertedero de Orihuela, a limpiar los lixiviados derivados de las fugas de uno de sus vasos, a retirar las basuras enterradas en fincas de La Murada y a regenerar la zona. Sin embargo, la empresa lleva semanas sin actividad tras el cierre del vertedero y parece condenada a desaparecer. Esta decisión se adoptó en el pleno tras el cual Mireia Mollá se sumó a las duras críticas vertidas por la directora general de Cambio Climático, María Diago, contra el PP por su gestión en la última década.
Si Diago apuntó el martes que el PP miró para otro lado en cuando a los lixiviados durante su mandato, Mollá refrendó las críticas de su compañera de Compromís y apuntó que en caso de que Proambiente no actúe en el plazo previsto, la limpieza será realizada con carácter de urgencia por el Consell, conjunta y coordinadamente con el Gobierno de Murcia (quien, por otra parte, ya ha retirado 500 toneladas de lixiviados), con cargo, al aval depositado por la empresa ante la Dirección de Medio Ambiente de Murcia, apuntó ayer la diputada de Compromís.
