Orihuela tendrá que seguir esperando para recuperar los seis millones de euros que invirtió en la Ciudad de la Justicia y que, pese a ser competencia de la Generalitat, se construyó con cargo a las arcas municipales. La Conselleria de Hacienda volvió a dar largas ayer al alcalde, Emilio Bascuñana, y al edil responsable de Patrimonio, Rafael Almagro (PP), en una reunión mantenida ayer en Valencia y que era continuación de otra mantenida hace semanas con la Conselleria de Justicia de la que ya informó este periódico.

Pese a que el anterior edil de Urbanismo, Antonio Zapata (PSOE) ya anunció en enero que había llegado a un acuerdo con el anterior ejecutivo autonómico para que este cediera el edificio de los antiguos juzgados al Ayuntamiento y abonase 2,1 millones de euros a lar arcas municipales, a razón de 500.000 euros al año durante cuatro años, la legistatura concluyó sin que ese acuerdo se ratificase por escrito. El nuevo ejecutivo valenciano, a través del conseller Vicent Soler, le dio ayer a alcalde la misma excusa que recibió Zapata del anterior (entonces del PP) para no rubricar el convenio: «no hay dinero».

Papel mojado

Así lo explicó ayer Rafael Almagro a este diario, quien añadió que todas las negociaciones que se habían entablado hasta ahora quedarán en papel mojado, pues se tendrá que hacer una nueva tasación de ambos inmuebles, los antiguos juzgados y los nuevos, para conocer el valor de ambos para que desde Conselleria se abone la diferencia en metálico. La cifra que baraja el Ayuntamiento es que el Consell tendrá que abonar cerca de tres millones de euros más la cesión de las anteriores instalaciones del juzgado, que estarían valoradas, de esta manera, en otros tres millones de euros.

Se trata de la misma cantidad que manejaba el anterior equipo de gobierno municipal, pues si bien la cifra dada por Zapata en enero era de 2.1 millones de euros, el convenio también incluía, según apuntó ayer, la cesión del Ahogadero de la Seda de San Antón, lo que hoy es la nave donde se imparten los cursos del Servef y que también es propiedad de la Conselleria.

Ahorro

La importancia de recuperar tanto el montante económico como el edificio que un día albergó la sede judicial oriolana, no pasa tan solo por devolver a la ciudad una inversión que no era de su titularidad, sino también por el importante ahorro que supondría para las arcas municipales contar con estas instalaciones.

Y es que según Almagro, el Ayuntamiento abona cerca de 600.000 euros al año en concepto de alquileres al carecer de instalaciones necesarias para sus actividades, por lo que disponer de este nuevo edificio podría reducir caso un 50% la necesidad de contar con estos alquileres, lo que a lo largo de la legislatura dejaría «más de un millón de euros para inversiones».