Al menos trece personas, entre ella tres oriolanos, se encuentran implicados en una investigación abierta y bajo secreto de sumario por un juzgado de Instrucción de Murcia por un supuesto fraude a la Hacienda Pública en las obras del AVE en una labor policial que, al cierre de esta edición, se desconoce hasta dónde llegará. De hecho, ayer hubo cinco detenidos más; entre ellos, un técnico del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (JPAO). El arresto se realizó en Murcia donde asistió al registro de una mercantil. La centenaria institución se encuentra, sin quererlo, en medio de estos hechos porque los otros dos oriolanos arrestados también han formado parte de ella: el expresidente, Jesús Abadía, y el exsecretario, Aníbal Bueno, quienes fundaron una empresa cuando aún el primero era el máximo responsable de la institución agraria. Fuentes de la investigación aseguraron que, supuestamente se aprovecharon de su posición al frente del organismo agrícola durante esos años para beneficiar a su mercantil condicionando que una buena parte de los contratos derivados de las obras del tren de Alta Velocidad Española (AVE) a su paso por la Vega Baja fueran a parar a ella al ser una garantía de que se iban a ejecutar conforme a lo que quería el JPAO.

Con ello, la mercantil habría sido una mera intermediaria pero de obligado paso para las contratistas de AVE de cara a cualquier trabajo que supusiera un informe por una afección a las canalizaciones -acequias y azarbes- de la Vega y todo ello, al parecer y siempre por exigencia del Juzgado de Aguas que la vincularía como su empresa de confianza, la única. Con ello se garantizaría que otras del sector no accedieran a los contratos. Esto, en cualquier caso, no sería una actividad delictiva en sí pero sí el que las facturas, supuestamente, no se ajustaran a la realidad para defraudar impuestos. Ahora bien, queda por saber cuál sería la cuantía.

La empresa formaba parte de una comunidad de bienes formada por ambos excargos de la JPAO y denominada Marimar SL. El diario constató ayer que la mercantil ha sido subcontrata de primer orden de la UTE que se adjudicó el tramo entre Crevillent y Murcia de las obras. Es decir, era contratada por la principal constructora y a su vez subcontrataba.

Fuentes próximas a la investigación reiteraron que todas las reposiciones de servicios ligadas a esta actuación se adjudicaban directamente a la mercantil. Algo que se abordó en alguna ocasión en el seno del Juzgado de Aguas con los regantes y que se justificó precisamente en el hecho de que era la empresa de confianza mientras que con otras podría haber problemas. Buena prueba de ello es que el propio Ayuntamiento de Orihuela les adjudicó un trabajo en el primer semestre de 2014 por 37.700 euros para el cerramiento de la acequia de Callosa en el camino por los Huertos (lo que no es objeto de la investigación). En esas fechas, Abadía seguía al frente del Juzgado de Aguas de Orihuela

La Guardia Civil ha preguntado en los interrogatorios a algunos de los investigados si la citada empresa llevaba a cabo trabajos de topografía especializados. Supuestamente la mercantil habría facturado por este concepto cuando eran otras mercantiles las que los llevaban a cabo. También se quiso facturar, según las mismas fuentes, supuestos daños en cosechas por la actividad de obras del paso de AVE en el concepto de reposición de servicios y actuaciones relacionadas con acequias y otros por un valor mayor al que tenía realmente.

Los investigadores también han incidido a la hora de averiguar detalles sobre una obra una comunidad de Regantes de San Felipe Neri (Crevillent) que supuestamente recibió ayudas y no se ejecutó como estaba previsto.