La directora general de Cambio Climático de la Conselleria, María Diago (Compromís), respondió ayer a la petición realizada el lunes por el edil de Medio Ambiente de Orihuela, Miguel Angel Fernández (PP), quien apuntó a que el Ayuntamiento registraría en los juzgados una petición para que el Consell llevase a cabo la limpieza de lixiviados de una finca en La Murada, cuyos vertidos provienen de fugas de un «vaso ilegal» del vertedero. Diago se limitó a atacar la «década de pasividad ante los enterramientos ilegales» y añadió que «hemos encontrado documentos en la Conselleria en los que los responsables de la época no querían reconocer el problema a pesar de las evidencias o incluso realizaban maniobras dilatorias para posponer una solución que nunca daban».
Además, desde la Conselleria le recordaron al edil que no solo está afectada la parcela 26 del polígono 7, para la que el Ayuntamiento ha pedido su limpieza ante la existencia de lixiviados provenientes del vertedero, sino que apuntó que el verdadero problema radica en «un enterramiento ilegal de basura de varios cientos de miles de toneladas, que requiere de muchos años para realizarse y durante todo ese tiempo el PP y exconsellers como Isabel Bonig miraron para otro lado».
La directora general de Cambio Climático y Calidad Ambiental indicó que el actual equipo de la Conselleria está trabajando en la solución del problema en varias líneas, si bien no dio soluciones o actuaciones concretas. En este sentido, señaló que, por un lado, se está estudiando reforzar el frente judicial con la posibilidad de personarse en todas las causas abiertas por delitos medioambientales relacionados con el entorno de la Murada.
Sentencia
María Diago añadió que «no vamos a esperar a una sentencia judicial firme, que puede tardar varios años en llegar, sino que se están teniendo en cuenta varias opciones para dar una solución más inmediata a los vecinos de la zona que vienen sufriendo el problema directamente».
De hecho, Diago puntualizó que «este ha sido uno de los primeros problemas a los que ha tenido que hacer frente la Conselleria y lo ha hecho impulsando la constitución del nuevo consorcio de residuos de la zona el pasado mes de octubre, que es el que tiene que hacer el plan de gestión de residuos de la zona que ni siquiera existía».
