La mayoría de los 18 supuestos trabajadores del Ayuntamiento de Bigastro que tenían que declarar ayer en relación con una investigación judicial por supuesta malversación de caudales públicos, se negaron a prestar declaración en los juzgados de Orihuela, según confirmó esta redacción en fuentes judiciales. Todos ellos están imputados por haber cotizado en el Régimen Especial Agrario con cargo al erario público sin realizar actividad alguna para el municipio, algo que se sostiene tanto en los informes de la Inspección de Trabajo como en los del propio Ayuntamiento.
Las diligencias se dirigen contra un total de 48 vecinos del municipio que supuestamente se beneficiaban de esta práctica para mejorar pensiones o cobrar el desempleo, todos ellos en calidad de cooperadores necesarios. En las actuaciones se imputa además a los dos últimos alcaldes socialistas, José Joaquín Moya y Raúl Valerio Media, a las tesoreras que tuvieron ambos y al secretario. Todos ellos niegan los cargos.
La primera ronda de declaraciones se realizó la semana pasada y en las de ayer sólo dos de los citados por la jueza presentaron declaración para asegurar que su actividad consistía en la limpieza de veredas o del paraje de La Pedrera; el resto se acogió a su derecho a no declarar.
No obstante, en su día la Inspección de Trabajo sancionó al Ayuntamiento con 60.000 euros por haber «simulado relaciones laborales» para que los beneficiarios cobraran subsidios de forma fraudulenta. Las evidencias que se tuvieron en cuenta fueron principalmente que no existen contratos que justifiquen la relación laboral entre los empleados y el consistorio y, ademas, tampoco hay nóminas o justificantes que verifiquen que cobraran un sueldo por realizar estos supuestos trabajos. Tras la última ronda de declaraciones realizada ayer y falta de cualquier prueba más, el asunto estaría para cerrar la fase de diligencias previas.
La mayoría de los jornaleros imputados por este asunto son mujeres de avanzada edad del municipio, algunas de las cuales mantienen vinculos con los dirigentes de los anteriores gobiernos socialistas. Varias de ellas, cuando fueron citadas por la Inspección de Trabajo, admitieron que nunca realizaron labores agrarias para el Ayuntamiento y que las cotizaciones se las tramitaban desde el consistorio como un favor personal, siendo ellas las que abonaban en metálico las cantidades correspondientes al pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social.
Los técnicos imputados -que junto a los alcaldes lo están en este proceso por ser los claveros del dinero público- han declinado cualquier responsabilidad en los hechos asegurando que era una asesoría la que se encargaba de dar altas y bajas.
La supuesta práctica ilegal se repitió al menos desde el año 2002 y hasta 2011, periodo durante el cual hasta 48 personas (45 de ellas mujeres) habrían estado cotizando como falsos jornaleros. Todo apunta a que el fraude les permitió acceder a diferentes prestaciones sociales e incluso a pensiones de jubilación. Fue durante los seis mandatos sucesivos del exalcalde socialista José Joaquín Moya y de su sucesor, Raúl Valerio Medina.
La Inspección de Trabajo ordenó cancelar los más de 750 meses cotizados de forma fraudulenta y los vecinos imputados se enfrentan ahora a tener que devolver los subsidios cobrados de forma supuestamente fraudulenta.
