«Una situación delicada». Así la definió ayer la edil de Urbanismo y Turismo, Fanny Serrano (PSOE). La nueva Ley de Puertos de la Generalitat, aprobada durante la anterior legislatura, prohíbe los usos residenciales dentro de los puertos gestionados por la Generalitat Valenciana. En Marina Internacional, en la bahía de Torrevieja, se construyó una urbanización completa dentro de dominio público. Su concesión termina en junio de 2017. En teoría, según esa legislación, los cincuenta residentes empadronados en las viviendas y quienes las usan para pasar sus vacaciones perderán ese derecho una vez se termine la concesión.
También está comprometida la actividad de apartahotel que en estos momentos se desarrolla en el mismo espacio privilegiado junto al espejo de agua y los 800 puntos de amarre del puerto deportivo. Lo que dice la ley es que una vez agotadas las concesiones, que en el caso de las viviendas no pueden sacarse de nuevo a concurso, la superficie utilizada debe reponerse a su estado inicial. Si se interpreta al pie de la letra las viviendas deberán desaparecer. Y eso es lo que está generando un verdadero quebradero de cabeza a los responsables del complejo de alojamientos y los residentes permanentes en la urbanización -de gerencia distinta al propio puerto deportivo-.
Marina Internacional se construyó a principios de los 90. Es uno de los pocos puertos deportivos de los más de treinta que existen en la Comunidad que además de las instalaciones náuticas habituales, levantó una urbanización. Esta instalación se concibió en pleno boom inmobiliario de principios de los noventa -al que inmediatamente después siguió una crisis-. Como la empresa adjudicataria de la obra quebró cuando estaba construyendo el puerto las concesiones de Puertos, para el caso de las viviendas se dividieron en cinco fases distintas. Y culminan en 19 meses sin que haya en estos momentos alternativa legal, como por ejemplo las prórrogas a las que se acogen otros usos. El Ayuntamiento en ningún caso quiere que se llegue al extremo del desalojo, ni mucho menos el derribo y que va a mediar con el Consell para evitarlo, partiendo de que la concesión se autorizó con ese uso, con un tipo de instalaciones que desde el punto de vista económico y social es muy difícil revertir a su estado original y además rodeadas de zonas urbanizadas y con concesiones, como los amarres y el aparcamiento.
Las casas, el parking, el varadero y las pistas deportivas se construyeron suprimiendo un tramo de playa entre las Eras de la Sal y el canal del Acequión, con el impulso del gobierno municipal y el visto bueno del Ministerio de Fomento, que era entonces quien gestionaba el puerto, dentro de la red de puertos del Estado.
