La regularización castastral que está realizando el Ministerio de Hacienda en municipios de la provincia de Alicante está enervando a los agricultores, que se verán obligados a tributar el IBI de construcciones rústicas por las que hasta ahora no pagaban y que son imprescindibles para desarrollar su trabajo, como balsas de riego, casas de aperos, casetas de riego o pequeños almacenes para guardar la maquinaria. El primer colectivo que ha alzado la voz por verse afectado por esta cuestión ha sido el de los productores de Los Montesinos, donde los propietarios de terrenos rústicos están recibiendo cartas informando sobre el incremento de este impuesto. Aunque desde la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) cargaron ayer contra el Ayuntamiento de dicha localidad acusándolo de promover esta medida con un claro afán recaudatorio, el equipo de gobierno liderado por el socialista José Manuel Butrón se defendió asegurando que la regularización la está haciendo el Catastro de oficio y el consistorio no puede hacer nada para impedirlo.
El presidente de Asaja Alicante, Eladio Aniorte, y el presidente de la Comunidad de Regantes de Riegos de Levante Margen Derecha del Segura, José Antonio Andújar, coincidieron ayer en que nunca se había incluido en los recibos del IBI un tributo especial para gravar una serie de elementos que consideran básicos para poder desarrollar la actividad agrícola. Vaticinaron que causará un gran perjuicio a los agricultores que ya de por sí afrontan una situación económica que pasa por dificultades y garantizaron que el colectivo contará con su respaldo para canalizar las quejas e intentar revertir la situación.
Mientras el Ayuntamiento de los Montesinos responsabilizó de todo este asunto al Ministerio de Hacienda Hacienda -y la prueba es que esa regularización catastral fue aprobada de oficio el 30 de octubre de 2014 -, tanto Aniorte como Andújar recriminaron que el gobierno local no haya levantado la voz para posicionarse al lado de los agricultores. Así, se temen que esta medida empiece a extenderse pronto por otros municipios de la provincia y acabe haciendo un flaco favor a los productores alicantinos.
Desde Asaja valoraron este hecho como un «robo a mano armada» que tiene por objeto «un claro afán recaudatorio sobre las personas que están creando puestos de trabajo y riqueza y que ya pagan el IBI de sus campos y soportan una presión fiscal muy elevada».
Destrucción de empleo
La organización agraria exigió una rectificación «para no bloquear la actividad agropecuaria y destruir cientos de empleos en ese municipio». Los afectados de Los Montesinos, de momento, preparan reclamaciones legales y cartas de protesta contra el consistorio, aunque el gobierno local insistió ayer en que esas quejas deben dirigirse al Ministerio de Hacienda. «Para el Ayuntamiento es un impositivo legal y no tenemos competencia para negarnos. Es el propio Catastro quien está enviando las notificaciones», señaló un portavoz del gobierno local. Aun así, desde Asaja incidieron en que en esa localidad «si quieres dedicarte a cultivar tienes que tener una balsa porque la falta de precipitaciones hace indispensable que puedas almacenar el agua», por lo que reclamaron que hay que buscar soluciones.
«No puede ser que pretendan cobrar de todo a quienes están trabajando y creando puestos de trabajo. Al final, tanto no se puede pagar y les obligarán a cerrar sus negocios. Serán así los responsables de destruir el empleo que tanta falta hace en esta localidad y de bloquear la actividad agraria que lo sustenta», dijo Aniorte. Además, calificó este impuesto de «inmoral» porque los empresarios agrícolas ya han pagado una licencia de obras por construir sus balsas y sus casas de aperos. También pagan el IBI de la vivienda, el de la superficie que poseen, más otros muchos más impuestos».
Asaja destacó que la agricultura es un sector es básico para la economía de las familias del municipio, que cuenta con 950 hectáreas cultivadas que generan más de 6,1 millones de euros al año. Por ello, dispone de numerosas balsas, casetas de riegos e infraestructuras agrícolas. «El cobro puede ser muy elevado, pero el daño y prejuicio ocasionado aún más».
