La Conselleria de Sanidad ha encontrado un argumento para encargar un informe a la Abogacía de la Generalitat sobre la legalidad de la compra de Ribera Salud a Adeslas y Asisa para controlar prácticamente el cien por cien del accionariado de las empresas que gestionan los hospitales de Alzira, Torrevieja y Elx. La concesionaria (participada a partes iguales por la estadounidense Centene y Banco de Sabadell) no recibió la autorización expresa de la Generalitat y es ahí donde Simap-Intersindical considera que puede haber un recoveco para acabar ya con la privatización de los centros sanitarios.

Desde Ribera Salud explicaron que en la concesión sólo era necesario comunicar los cambios en el accionariado, que en su caso era un aumentar la participación hasta casi la totalidad de acciones en las tres adjudicatarias. «No hay dudas de ningún tipo en relación a esta compraventa que está sometida a la regulación y controles pertinentes. Probablemente, quienes la ponen en duda, tengan desconocimiento jurídico y confusión jurídica sobre estas operaciones. Les exigimos respeto y rigor antes de emitir comunicaciones incorrectas con el único objetivo de confundir a la población y a nuestros profesionales», explicaron fuentes de la empresa.

La anterior titular de Sanidad, Manuel Llombart no autorizó expresamente la compra-venta de acciones pero sí que dio una «toma de razón», un recibí, de la comunicación de Ribera Salud. El equipo de Carmen Montón asegura no haber autorizado nada.