El exconcejal de Comercio de Callosa, Jaime Canales (PP), admitió ayer que fue él quien tramitó la compra e instalación de una máquina de aire acondicionado para el Mercado de Abastos por importe de 11.149 euros más IVA mediante un contrato que establecía que la empresa cobraría 500 euros adicionales por cada día de retraso en el pago de la factura. Canales dijo ayer que «no leyó» la letra pequeña de ese contrato que ha dado lugar a que la mercantil reclame ahora al Ayuntamiento 151.500 euros en concepto de intereses porque la deuda se la pagó el propio gobierno del PP 10 meses después de lo previsto.

«Es cierto que firmé el referido contrato con el único afán de poder resolver las molestias que estaban sufriendo de forma continuada los placeros, ante el calor que estaban soportando y ante las pérdidas que se estaban ocasionando a sus negocios». A este respecto dijo que su « interés en ayudar a este colectivo me llevó a no leer la letra pequeña, pero quiero dejar claro que siempre actúe en beneficio del interés general, conforme al cargo público que ostentaba». El exedil defendió que al tratarse de un contrato menor «no exigía que fuera publicitado, ni realizar concurso ni tampoco que se formalizase contrato, sólo se hacía necesario la aprobación del gasto». Asimismo, dijo que no correspondía a él elaborar informes para valorar esta operación «sino a los funcionarios» del Ayuntamiento. «Desconociendo la inexistencia de los informes, llevé para su aprobación en la junta local de gobierno las facturas, conforme establece la Ley».

Anticorrupción

Aunque el edil admitió su error por el hecho de no leer la letra pequeña de ese contrato, retó al equipo de gobierno a denunciar los hechos en la Fiscalía Anticorrupción sin consideran que son constitutivos de delito, «pero no me cabe duda de que no lo van a hacer, pues tienen muy claro que no he cometido ninguna ilegalidad».

El concejal concluyó que está «convencido de que actuó de forma correcta y en beneficio del interés general y espero que esta decisión sirva para que prevalezca la verdad y asuman las responsabilidades los funcionarios que correspondan».