Pablo Romero, el fiscal Anticorrupción que participó como acusación en el juicio del caso Escorratel trató de desacreditar la estrategia de defensa de los acusados: la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, y el exconcejal de Pedanías, Antonio Rodríguez Murcia. El representante del Ministerio Público defendió que no estos no pueden escudarse en los técnicos para eludir su responsabilidad a la hora de ejercer su acción política en casos como este, que fue permitir la remodelación de una plaza antes de que las obras fueran adjudicadas. Quién debió de velar para que la obra no comenzara hasta que se adjudicara el contrato, ¿los técnicos o los políticos?
Para el fiscal, la respuesta a esa pregunta está clara: «Gobiernan los políticos, no los técnicos y deben saber lo que están firmando. ¿Qué imagen da un Ayuntamiento en el que sus dirigentes firman contratos que no leen primero y, como en este caso, un contrato de una obra que ya estaba ejecutada? Eso es una situación de desgobierno», dijo Romero. El mismo defendió que cuando un funcionario, en este caso el secretario, da el visto bueno a que se firme un contrato para realizar una obra no tiene por qué conocer que en realidad esa obra ya se ha realizado. En cambio, es el político, que en definitiva es el que propone adjudicar la obra, quien tiene que saber que hasta que no se apruebe ese trámite no puede moverse ni una piedra. Lo dijo porque en este caso, el exedil de Pedanías admitió que visitó hasta en tres ocasiones la obra sin saber que no se había aprobado previamente su adjudicación y escudándose en que él no leía lo que firmaba porque se fiaba de los técnicos.
El alegato del fiscal y las declaraciones de los dos políticos imputados por un delito menor de falsificación en documento público por imprudencia, y también la intervención de los testigos, entre ellos el secretario del Ayuntamiento, dos técnicos que suscribieron los trabajos y la secretaria personal de la exregidora, pusieron de manifiesto el miedo que tienen los políticos a firmar cualquier documento que no esté rubricado antes por un funcionario público.
Secretario
De hecho, el propio secretario admitió que Lorente nunca firmaba nada si no lo hacía él primero y, a la postre, lo revisaba un asesor jurídico que contrató para ese cometido. Para el fiscal, Rodríguez Murcia «debía saber que lo que él había firmado era una propuesta de adjudicación de obra, no un contrato. Bastaba con leer el documento». Igualmente «debió saber que esa propuesta se aprobó en junta de gobierno después de que se inaugurara la obra» y no puede decir que no sabía lo que votaba porque «depende de su diligencia saber lo que vas a aprobar» en cada momento.
Para Romero «si el mero hecho de no leer lo que se firma o se aprueba no se entiende como una falta de diligencia, si no es merecedor de sanción, entendemos que se respalda un funcionamiento de la administración que no compartimos». En este sentido prosiguió que, a su juicio, en el caso Escorratel «se ha producido un delito doloso por falsedad» y una «infracción de cuidado y falta de diligencia». Por ello valoró que son «imprudencias graves por no velar por los intereses de la administración omitiendo las elementales normas de cuidado por el hecho de no leer, lo que es participar y dar lugar a un delito». El juicio concluyó a la espera de una sentencia que aclare si los dos políticos fueron o no responsables de estos hechos. Como ellos hay más casos y alguno en Orihuela.
