Lo que queda claro es que la Generalitat no está de acuerdo con los pasos que el Gobierno está dando en este conflicto; ayer la consellera Elena Cebrián, mostró su satisfacción porque el Gobierno «haya reconocido pública y expresamente la desalación de agua como parte importante de la solución al déficit hídrico», al acordar abaratar su precio (hasta los 30 céntimos de euro que solicitaba el Sindicato Central de Regantes del Tajo Segura), pero lamentó que no se haya hecho partícipe al Consell de la decisión de financiar ayudas en la desaladora de Torrevieja, de la que pueden beneficiarse los regantes alicantinos. En la misma línea, la portavoz del gobierno progresista de Torrevieja, Fanny Serrano, declaró hace algunos días que tanto el Gobierno como la CHS no les informan para nada de las decisiones que afectan a una planta situada en su término municipal. Por ello, solicitó también información a la ministra Isabel García Tejerina sobre los términos en los que se va a producir esa anunciada financiación de ayudas en la planta por parte del Gobierno, así como su compatibilidad con la normativa de la Unión Europea.
