El equipo de gobierno del Partido Popular ordenó la provisión sin contrato de 313 obras, suministros y servicios en 2014 por más de 10,6 millones de euros. Todos se realizaron además con la firma del entonces presidente de la Corporación, Eduardo Dolón, pese al informe en contra de la Intervención municipal. Eso es lo que refleja el informe realizado por la interventora en el que da cuenta del ejercicio de la gestión del entonces alcalde y de «todas las resoluciones adoptadas por el presidente de la entidad local contrarias a los reparos», que fueron realizados por los técnicos del área económica, encabezados por Carmen Corral.
El Ayuntamiento empleó más de un diez por ciento de su presupuesto de ese año 2014 a gastos para los que no tramitó ningún tipo de procedimiento de adjudicación. El informe explica que solo aborda los servicios a los que se ha puesto reparo, «sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones» decididas por los gestores públicos.
En el listado figuran prestaciones de todo tipo: facturas que suman cantidades millonarias para Iberdrola; servicios de Correos, pagos del arrendamiento desde hace más de 18 años del local provisional, dice el cartel, que acoge el Museo del Mar y de la Sal -4.356 euros mensuales-; una prestación de telecomunicaciones de una televisión local por 65.000 euros al año; telefonía móvil y fija de Vodafone y Telefónica; clases de Hatha yoga; talleres de cerámica y «country en línea, el servicio mensual de un «Dj» para los centros de la tercera edad y la macrodiscoteca de la Tercera Edad y una lista interminable hasta completar 313 expedientes con reparos que levantó el anterior alcalde, la mayoría con un infome de otro técnico que avalaba su decisión, aunque no todos. La principal prestación sin contrato, casi dos millones de euros, corresponde al servicio de suministro eléctrico. Todos los meses el Ayuntamiento abona a la multinacional eléctrica -todavía a día de hoy- una media de 150.000 euros por la factura del alumbrado público y de las dependencias municipales. El Ayuntamiento fue incapaz de adjudicar el servicio -en una ocasión quedó desierto porque la propia Iberdrola no envió la documentación exigida- lo que permite a la empresa disponer sus precios. Al final del anterior mandato y el actual están intentando someter este servicio a la regulación de ley de contratos a través de la central de compras de la Diputación.
Pago extrajudicial
La mayor parte de ese importe deberá ir abonándose durante los próximos meses por el nuevo equipo de gobierno pentapartito, puesto que al consignarse sin contrato y con reparos, deberán acogerse a la fórmula de reconocimientos extrajudiciales de crédito. Un procedimiento que solo permite el pago un año después de realizarse el servicio. Algo que anticipa nuevas polémicas en el pleno sobre el voto favorable o no al pago de las facturas -con el primer millón abonado la polémica se arrastra ya dos meses-.
