CLARO denunció y rechazó el proyecto que «atenta contra el desarrollo urbanístico sostenible, en el 2009», aunque el plan se remonta a 1994. La respuesta del entonces concejal de Urbanismo Antonio Rodríguez Barberá a los efectos ambientales y sobre la dotación de servicios que conllevaría el proyecto fue que la urbanización solo acababa con cultivos de limoneros. La Generalitat ha pedido opinión a los grupos ecologistas a la hora de valorar el impacto ambiental del proyecto.
