La empresa que instaló el aire acondicionado en el Mercado de Abastos ha reclamado al Ayuntamiento 151.500 euros en concepto de intereses por la demora en el pago de la factura. La máquina que colocó la mercantil costaba 11.149 euros más IVA y se debía haber abonado antes del 15 de enero de 2014, pero el consistorio no le pagó hasta 10 meses después. Ahora la empresa reclama esa cantidad de intereses basándose en un contrato firmado supuestamente por el entonces concejal Jaime Canales (PP) que establecía que se le abonarían 500 euros adicionales por cada día de retraso en el cobro.
La notificación ha llegado al Ayuntamiento a través de un burofax mediante el que se reclama el pago de esos 151.500 euros antes del 31 de octubre, aunque el equipo de gobierno (PSOE, IU y Somos Callosa) ya ha anunciado que no lo abonará. Según explicaron ayer fuentes municipales, a raíz de la reclamación realizada por la empresa, el departamento de contratación le efectuó un requerimiento en el que solicitó la aportación urgente del contrato al que se hace referencia en el escrito y que era desconocido por los servicios técnicos municipales.
Sin autorización
Para sorpresa del equipo de gobierno, en ese contrato se fija la cláusula de los 500 euros por cada día de demora en el pago. Según el tripartito, dicho contrato firmado por Jaime Canales «se suscribió sin concurso previo, informes de legalidad o publicidad». En ese sentido valoraron que «no cuenta con el más mínimo requisito legal, pues la autorización para la firma de este tipo de contratos en representación de la corporación corresponde únicamente al alcalde, con la aprobación del órgano de gobierno respectivo y los informes de legalidad correspondientes, no concurriendo en el caso que nos ocupa ninguno de estos requisitos, más cuando el citado concejal ni siquiera ostentaba delegación de firma». Por ello, entienden que ese contrato lo suscribió el exedil de forma personal y no como representante del Ayuntamiento, por lo que tendrá que responder él ante esa reclamación.
«Se trata de una cláusula claramente abusiva, puesto que carece de toda lógica que una factura de 11.149 euros pase a costar 151.500 euros por un retraso en el pago de 10 meses», valoró el equipo de gobierno, que anunció la adopción de medidas de urgencia con el fin de depurar posibles responsabilidades. «Se solicitarán los informes jurídicos pertinentes en los que se evidencien las posibles ilegalidades cometidas en el procedimiento».
