El PP de Guardamar del Segura ha presentado alegaciones en contra de la modificación de la Ordenanza de Playas aprobada en el pleno que permitirá autorizar una zona de baño para mascotas. «No nos oponemos a que se habilite un espacio público para ese fin, pero defendemos que se tomen previamente todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salubridad públicas».

Los populares entienden que «se trata de una medida de gran importancia que debe contar con estudios previos que permitan garantizar que su puesta en marcha no provoque impactos negativos tanto para las playas como para las personas que hacen uso de ellas y que en ningún caso las presiones políticas, vengan de donde vengan, puedan llegar a perjudicar a nuestras playas, que es nuestro principal recurso turístico».

A este respecto, el PP considera que la presencia de mascotas en las playas «puede generar conflictos de convivencia entre usuarios por razones físicas y sanitarias» y que desde el punto de vista de la salubridad «está científicamente demostrado que sus heces y orines pueden provocar multitud de casos de enfermedades transmitidas por los animales a los humanos, así como la proliferación de insectos parásitos en la arena»

También desde la óptica de la conservación medioambiental «hay que observar que los hábitat litorales acogen gran variedad de especies de flora y fauna, muchas de ellas amenazadas y que pueden ver en peligro su población por la presencia de perros».

En cualquier caso, según el PP esta ordenanza tendría que venir acompañada de otra que regulara la utilización de la zona de playa de uso animal indicando qué mascotas están autorizadas y cuáles no, los derechos y deberes de los usuarios y sus mascotas, y un régimen sancionador en caso de incumplimiento.

«No existen informes técnicos que determinen la idoneidad de alguna de las playas de Guardamar para acoger mascotas, ni el Ayuntamiento ha establecido qué tipo dotaciones debe tener . Es necesario establecer también con qué frecuencia se recogen dichos contenedores y las defecaciones que se puedan producir en el agua, quién debe hacerlo, el coste de todos estos servicios y si el consistorio puede afrontar estos gastos.

«El Ayuntamiento es el responsable de la salud pública y mediante las alegaciones presentadas el PP le insta a suspender la tramitación de la autorización de la playa para perros hasta que esta esté plenamente garantizada».