La reunión del Consorcio de Residuos de la Vega Baja, celebrada el martes en la Diputación, costó cerca de 10.000 euros para sufragar las dietas de los integrantes de este órgano que está formado, principalmente, por los propios alcaldes de los municipios de la Vega Baja, además de por representantes de la Diputación y de la Generalitat; en total, unas 33 personas. La sesión duró menos de una hora y se percibió por ella 300 euros por cabeza. Saber lo que cobró cada miembro a la hora es fácil.
Como ya publicaba ayer INFORMACIÓN, además de nombrar al presidente y a la junta de gobierno y pese a la delicada situación por la que atraviesa la comarca de la Vega Baja, agravada por el cierre de la planta de transferencia de Abornasa, en Crevillent, de la reunión no salió ni una sola propuesta por ninguno de los integrantes de este órgano para resolver la situación. En cambio, el PP, a través del diputado Javier Sendra, lo único que planteó fue una reducción de las indemnizaciones, algo que justificó para el caso de que este cónclave se llevara como pretenden los populares a Rafal, municipio del que es alcalde el nuevo presidente del Consorcio de Basuras de la Vega Baja, Manuel Pineda (PSOE).
Esos 300 euros por asistencia a reuniones son poco más o menos lo que cobraban los miembros de todos los consorcios de la provincia el pasado mandato; es decir, que lo único que ayer se hizo ayer fue prorrogar las indemnizaciones fijadas en su día por el Partido Popular. Llama la atención el hecho de que la primera vez que ha pedido que se rebajen es cuando han perdido la mayoría de representantes en este órgano de gestión pública que ahora controlan los socialistas.
Fuentes del PSOE defendieron ayer la percepción teniendo en cuenta que este organismo se reúne un par de veces al año y es la junta de gobierno la que sí tiene trabajo. Al estar formada por muchos menos miembros la factura es menor y, al mismo tiempo, más operativa. Además aseguraron que no se abordó tema alguno porque no figuraba en el orden del día.
Las mismas fuentes mostraron su malestar por cómo el PP está llevando este asunto que necesita de más gestión que de política y por cosas que descubrieron ayer mismo, como el hecho de que se enteraran antes de entrar a la reunión de que el juzgado ha accedido ha adoptar una medida cautelar solicitada por la UTE Cespa-Ortiz, a la que se despidió por incumplimiento de contrato y que tenía que haber sido la responsable de la gestión de las basuras de la comarca durante las dos próximas décadas en una planta situada en Albatera y a la cual llegarían los desechos desde otra de transferencia situada en Cox. La petición hace referencia al aval retenido por la Diputación hasta que se resuelva este asunto y que la UTE presentó como garantía.
