Sin soluciones ni alternativas. El pleno de constitución del Consorcio de Basuras de la Vega nombró ayer en la Diputación como presidente a Manuel Pineda (PSOE), pero se saldó sin que se pusiera sobre la mesa propuesta alguna sobre dónde ubicar una planta de transferencia que evite que los camiones de basura de prácticamente todos los municipios tengan que trasladarse hasta los vertederos de Xixona, Villena y Elche, lo que supone 2oo toneladas al día tras el cierre del vertedero de Abornasa, en Crevillent. La única idea puesta sobre la mesa fue insólita: los populares solicitaron que el cambio de presidencia fuera acompañado de un traslado de las reuniones al Ayuntamiento de Rafal -del que Pineda es alcalde- para que esa cercanía se tradujese en una rebaja de indemnizaciones por asistencia a plenos y comisiones. La propuesta se rechazó.
A pesar de que todas las partes implicadas en el Consorcio (alcaldes, Generalitat y Diputación) coincidieron en que se trata de «una situación de emergencia», ningún municipio de los 25 asistentes (Daya Nueva y Los Montesinos no acudieron) planteó alternativa para acabar con la situación que lleva arrastrando la comarca desde hace tres semanas. El secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Álvaro, quien acudió a al acto en representación de la Generalitat, llegó incluso preguntar directamente si alguien tenía alguna propuesta que hacer sin que nadie se pronunciara. De hecho, la única respuesta que obtuvo fue la del alcalde de San Miguel de Salinas, Ángel Sáez (PP), quien la pasada legislatura se postulaba pero ayer decía: «No hay ninguna propuesta, dije que si era necesario se estudiaría y se vería qué quería el pueblo. Esa consulta ya se ha hecho y no hay propuesta».
Ante esta situación, explicó Julià, «la Generalitat no va a forzar que se tome hoy una decisión. Ni esto ni nada. Pero creo que debemos ponernos a trabajar hoy mismo en una solución que permita centralizar los residuos con el fin de establecer un precio unitario y buscar a un explotador de los residuos» para que ningún Ayuntamiento pague el sobrecoste de trasladarlos a Xixona, Villena o Elche. La semana pasada, en una nota, el Consell exigía en cambio decisiones para ayer mismo. Pero ayer Julià añadía: «Como podéis imaginar en estas plantas no están muy contentos. Hay que buscar una solución antes de que se cansen».
Otra de las localidades que podría albergarla es Torrevieja, donde el anterior equipo de gobierno otorgó una licencia en el polígono industrial para albergar una. En cualquier caso la portavoz torrevejenese y vicepresidenta del Consorcio, Fanny Serrano, recordó que «ya funcionó una planta hasta 2012 que era ilegal y que está cerrada desde que el PSOE puso la denuncia por lo que ahí no puede ubicarse. Recuerdo que el alcalde que se la adjudicó a Acciona está en la cárcel (Pedro Hernández Mateo) y hay contenciosos abierto contra la mercantil porque reclaman indemnización por la amortización de una planta ilegal. Que ahora haya unos empresarios privados que obtuvieron una licencia por el anterior equipo cuando estaba en funciones antes de irse... pues habrá que verlo. Yo, como responsable de Actividades, voy a revistar esa licencia», dijo, al tiempo que hacía referencia al exalcaldes Eduardo Dolón, a la sazón vicepresidente de la Diputación y en referencia a esa licencia concedida.
Y Almoradí, otro de los municipios que se había mostrado proclive a albergar la planta, no intervino durante el pleno del Consorcio aunque antes del inicio de la reunión hizo público un comunicado renegando de lo declarado por su alcalde Jaime Pérez (PSOE) a este diario la semana pasada para asegurar ahora que en ningún momento han contemplado la posibilidad de ubicar la planta de transferencia en el Polígono de Las Maromas y culpar al PP de la situación actual.
En conclusión, la sesión de Constitución del nuevo Consorcio del Plan Zonal de la Vega Baja, sirvió única y exclusivamente para eso, para constituir el organismo y a su junta de gobierno. Manuel Pineda fue elegido por unanimidad como el presidente del Consorcio. De esta forma, el Consorcio deja de estar abanderado por la presidencia de la Diputación, como hasta ahora con Luisa Pastor. Y es que el cambio de gobierno en los ayuntamientos y en la Generalitat ha hecho que, pese a que la Diputación esté dirigida por el PP, es el PSOE el que tiene el control del Consorcio de la Vega Baja. El Partido Popular solo suma el 15% del voto de la Diputación y de una pequeña parte del 60% que se constituye por los alcaldes de los 27 municipios de la Vega Baja. El 25% de los votos restantes está en manos de la Generalitat, gobernada por PSOE y Compromís.
