La instalación de una planta de transferencia para acoger los residuos de la Vega Baja es una solución provisional antes de que se construya el nuevo vertedero en la comarca que quedó paralizado tras la anulación del contrato a la mercantil Cespa-Ortiz tras un informe técnico del Consorcio por incumplimiento.
Desde el Partido Popular, el diputado responsable del área, Javier Sendra apuntó ayer durante la sesión a que «debemos de empezar ya a trabajar en la redacción de un nuevo pliego, para buscar una solución final». En este punto, la representante de Cox en el Consorcio, la edil Beatriz Nadal (Compromís), recordó que «no hay una sentencia firme» en cuanto a la rescisión del contrato, ya que Cespa-Ortiz ha recurrido la decisión del Consorcio,por lo que hasta que no se resuelva esta situación no pueden tomarse medidas ni aprobar un nuevo proyecto . De hecho, la edil recordó que «la mercantil está presionando a los ayuntamientos", en relación al contencioso que interpuso la empresa hace tan solo unos días acusando al municipio se ser el culpable de que perdiera el contrato del Plan Zonal al modificarse la normativoa urbanística para impedir que se pudiesen realizar actividades relacionadas con la gestión de basuras.
Cespa-Ortiz acusa a Cox en los juzgados de «haber intentado parar por todos los medios la ejecución de la planta de transferencia de residuos» y recuerda que esa infraestructura estaba prevista en el contrato adjudicado por el Consorcio en 2008.
