Tiran la toalla. Los dos promotores del que iba a ser el segundo polígono industrial de Torrevieja sobre casi 300.000 metros cuadrados acaban de renunciar al proyecto. Un ambicioso plan al que el pleno dio su visto bueno inicial un ya lejano mes de abril de 2007. Esta semana, las empresas que contaban con la condición de urbanizadoras, han solicitado al Ayuntamiento la devolución de la garantía de 370.000 euros en dos avales, cuando comenzaron a tramitar esta iniciativa urbanística denominada Ecoparque industrial Sector 30.
El proyecto era complejo. No solo por su extensión -iba a ser el segundo polígono industrial de la ciudad con el primero, Casagrande, agotado y con infraestructuras deficientes -, también por el objetivo que planteaba -una reclasificación de suelo agrícola al margen del PGOU y junto a la laguna protegida de Torrevieja-; y, por último, los usos que permitía -entre ellos, una planta de tratamiento de basuras-. Se iba a ubicar en una de las escasas franjas de suelo con cultivo de cítricos que restan sin urbanizar Torrevieja, junto al perímetro de protección del parque natural de Torrevieja, la rambla de la Fayona, y la carretera de La Marquesa.
Los promotores eran la empresa murciana La Generala y la local «Polígono Industrial CV-942». El plan indicaba que podía asumir usos industriales «incluyendo las futuras actividades a implantar en el marco de la gestión de residuos, sólidos urbanos de procedencia comarcal y en lo referente tratamiento y valorización». Inicialmente se planteó para dar amparo legal desde el punto de vista urbanístico a esas instalaciones del plan zonal de residuos de la Vega Baja. Parte de la oferta de instalaciones -una planta de incineración por plasma- planteada por una una de las ofertas a aquel concurso, iba en esa ubicación. Esa oferta perdió, pero la paralización del concurso por la trama del Brugal mantuvo abierta la puerta a que Torrevieja pudiera acoger su propia planta. La tramitación del sector estaba paralizada desde 2010. La aparición de un proyecto de planta de transferencia en el polígono Casagrande y los cambios de gobierno -autonómico y local-, dan la puntilla al plan.
