La asociación Vertivega instó ayer a la Generalitat a reconocer que parte del vertedero de Proambiente está enclavado en el término municipal de Orihuela y, por lo tanto, el gobierno autonómico tiene la responsabilidad de exigir que se acometan trabajos de restauración del territorio al igual que lo está haciendo la Región de Murcia tras revocar la Autorización Ambiental Integrada concedida a la empresa para seguir explotando el vaso número 3.

El colectivo ecologista celebró ayer que el gobierno murciano haya decidido poner punto y final a la actividad del vertedero debido a que Proambiente no ha ejecutado los trabajos de restauración de los vasos uno y dos y de las zonas afectadas en el LIC de la Sierra de Abanilla, por lo que ha incautado la fianza de 3,3 millones presentada por la mercantil para acometer las obras de regeneración. No obstante, Vertivega defendió que como la Comunidad Valenciana no ha admitido que parte del vertedero está en terreno de Orihuela (en concreto en la pedanía de La Murada), esos trabajos de restauración se centrarán unicamente en terreno murciano. Por ello lo que se pidió ayer a la Generalitat es que acepte que parte de las instalaciones de Proambiente están en su territorio, y por lo tanto tiene potestad para cerrarlas y para exigir que se regenere también esa zona, al igual que está haciendo Murcia. Para ello le piden que se persone en el caso judicial y que desarrolle junto al gobierno murciano un plan de regeneración global de la zona.

De igual forma, Vertivega urgió a Murcia a ejecutar cuanto antes la incautación de la fianza de 3,3 millones para comenzar los trabajos de regeneración para evitar que la empresa se declare en concurso de acreedores y un nuevo proceso judicial bloquee el cobro de ese dinero y el trabajo de regeneración.

La plataforma agradeció a Podemos de la Comunidad Valenciana la Proposición No de Ley que defenderá la semana que viene en Las Cortes para instar al Consell a reconocer que parte del vertedero está en Orihuela, que se identifiquen los daños ocasionados, que se ponga en marcha un proyecto de regeneración retirando los lixiviados y que se ejecute la orden de Europa que obliga a clausurar el vertedero. Recordaron igualmente que la causa judicial por los enterramientos de basura ilegales sigue su curso y pidieron a la Generalitat que agilice los trabajos de limpieza de esas fincas.