La UTE Cespa-Ortiz ha presentado un recurso contencioso-administrativo en el TSJ contra el Ayuntamiento de Cox por haber modificado el Plan General para prohibir la implantación de cualquier actividad relacionada con la gestión de las basuras. La UTE alega que esa maniobra impidió poner en marcha la planta de transferencia de residuos prevista en el contrato del Plan Zonal y argumenta que esa ha sido una de las causas por las que el Consorcio ha rescindido la millonaria contrata. Por ello, pide que se suspenda cautelarmente ese acuerdo y que, por lo tanto, tenga de nuevo vía libre para instalar la planta de residuos.
El Pleno de Cox acordó el 28 de abril de 2015 una modificación del Plan General para «prohibir la implantación de cualquier actividad destinada a la manipulación, gestión, eliminación y tratamiento de residuos sólidos urbanos». A este respecto, la UTE alega que esa modificación es nula porque no se ha sometido a evaluación ambiental ni ha sido aprobada por la Generalitat. Asimismo plantea que incumple la Ley de Bases de Régimen Local, que vulnera el equilibrio de las dotaciones públicas previstas en el PGOU y que resulta contraria a la normativa urbanística.
Cespa-Ortiz acusa a Cox ante el alto tribunal de «haber intentado parar por todos los medios la ejecución de la planta de transferencia de residuos» y recuerda que esa infraestructura estaba prevista en el contrato que le sirvió para adquirir la condición de «agente del servicio público de valorización y eliminación de residuos». La UTE expone que aunque el Consorcio de Residuos de la Vega Baja ha acordado rescindir el contrato ese acuerdo ha sido recurrido, por lo que «carece de firmeza».
El gobierno de Cox manifestó ayer que «no permitirán la instalación de una planta de transferencia fruto del mayor caso de corrupción de la provincia de Alicante. Batallaremos jurídicamente hasta donde sea necesario».
