Si no hay regeneración no hay negocio. Tras comprobar los continuos retrasos en el proyecto para restaurar la zona ya explotada del vertedero de Abanilla-Orihuela, retrasos que suman más de dos años, la Comunidad Autónoma de Murcia ha revocado la Autorización Ambiental Integrada concedida a la empresa Proambiente para la explotación del vaso 3, lo que le hubiera permitido continuar con su actividad de recogida y enterramiento de residuos durante, al menos, tres años más.
Esta resolución se suma a la resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) que desestimó el pasado junio el recurso interpuesto por Proambiente contra la orden del Gobierno regional que la obligaba a cerrar el vertedero por un periodo de 30 años, por lo que, de hecho, supone la «puntilla» al vertedero, que, como ha reconocido su portavoz, José Fenoll, ya prácticamente no tiene actividad. En esta línea también se expresa Ecologistas en Acción que considera que la revocación supone el cierre del vertedero, lo que estiman que era «inevitable por sus continuos incumplimientos».
La empresa ya alertó a la Comunidad de que sus problemas económicos, agravados por la orden de cierre del vertedero, podrían ser un obstáculo para cumplir los plazos del plan de restauración de los vasos uno y dos y de las zonas afectadas en el Lugar de Importancia Comunitaria Sierra de Abanilla, una predicción que, finalmente, se ha cumplido.
Avales
Ahora, a la revocación de la autorización para la explotación del vaso 3 del vertedero se une el mandato para hacer valer los avales presentados, cifrados en 3,3 millones de euros, lo cual implica que la Administración regional se incautará de las fianzas para garantizar la ejecución de la restauración ambiental a la que la empresa estaba obligada.
De hecho, la consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, a través de la dirección general de Calidad y Evaluación Ambiental, ya ha iniciado las actuaciones administrativas por las que se acuerda iniciar el proceso de rescate de los distintos avales y fianzas depositados por la empresa, previa comunicación al juzgado, «para iniciar la ejecución subsidiaria por parte de la administración, lo que garantizará la ejecución de la restauración en el plazo más corto posible», señalan fuentes de la Comunidad.
Para Ecologistas en Acción, esta decisión «tendría que haberse producido mucho antes, ya que desde el principio la empresa mostró una escasa voluntad y capacidad para funcionar conforme a la legalidad, y solucionar los graves problemas ambientales causados por su mal funcionamiento, y que han supuesto, entre otros, la destrucción de 40 hectáreas del LIC de la Sierra de Abanilla y un grave problema de filtrado de tóxicos lixiviados».
