06 de octubre de 2015
06.10.2015
Tribunales

Cinco meses de prisión para un exsecretario municipal de Orihuela

El acusado acepta una pena por intentar facturar unos falsos vuelos planimétricos al municipio

08.10.2015 | 08:44

Un ex secretario general del Ayuntamiento de Orihuela ha aceptado una pena de cinco meses de cárcel y ocho de inhabilitación por intentar defraudar a las arcas públicas 36.000 euros mediante facturas a nombre de su yerno por servicios no prestados.

Los hechos debían ser juzgados a partir de hoy por un jurado popular en la Audiencia de Alicante, en su sede desplazada en Elche, pero el fiscal y las defensas han llegado a un acuerdo de conformidad previo.

Ese acuerdo, al que ha tenido acceso Efe, reconoce la atenuante de dilaciones indebidas tanto para el exsecretario municipal como para su yerno, lo que supone una rebaja sustancial de las penas que inicialmente solicitaba para ellos el Ministerio Público.

El exsecretario municipal, que se enfrentaba provisionalmente a un año y tres meses de cárcel, se ha conformado con cinco meses de condena como autor de un delito de fraude en grado de tentativa.

Por su parte, el otro procesado y yerno del anterior se ha declarado autor del delito de estafa intentada del que estaba acusado y ha aceptado una condena de dos meses de prisión, en lugar de los cinco meses que reclamaba en un principio la acusación pública.

El exsecretario municipal admite que hizo creer al Ayuntamiento que la empresa de su yerno había realizado unos vuelos planimétricos para la obtención de fotografías necesarias para la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Orihuela.

El entonces secretario municipal se prevalió de su cargo y de su participación en la comisión informativa de Urbanismo, ocultó la verdadera procedencia de las fotografías aéreas que se entregaron a los diferentes grupos políticos y las hizo pasar por originales de un vuelo real.

El relato de hechos probados aceptado por los procesados recoge que ambos actuaron concertadamente, "con el propósito de defraudar al consistorio oriolano y enriquecerse injustamente".

Aunque no se había contratado servicio externo alguno, el entonces secretario municipal y su yerno aparentaron que la empresa de este último había realizado unos vuelos planimétricos para elaborar el nuevo PGOU.

Cuantificaron esos trabajos, nunca realizados, en 36.000 euros y, para conseguir que la administración accediera al pago y burlar los límites impuestos por la normativa que regula la contratación pública, fragmentaron el total y emitieron tres facturas de 12.000 euros cada una.

Sin embargo, éstas finalmente no fueron abonadas por el consistorio por las objeciones que puso el interventor.

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